MÁS MOTOSIERRA ES MENOS SALUD

La crisis del sistema de salud tiene particulares consecuencias en las persona con VIH, una población que fue históricamente vulnerabilizada. La motosierra y el desmantelamiento del sistema de salud en la Argentina atenta contra la libertad.

Escribe: Chloé Maisonnat (*)

Es importante hablar sin eufemismos: Cuando se habla de la motosierra, se habla de desfinanciar el sistema de salud, y esto es atentar contra los derechos humanos. Esto reviste una gravedad mayor cuando se trata de una población que fue históricamente vulnerada en términos de derechos. En la actualidad, el reclamo principal es el cumplimiento de la Ley 27675 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis.

Dicha Ley fue impulsada por la sociedad civil y la comunidad científica y logró su aprobación parlamentaria en el año 2022. La misma planteó un cambio de paradigma, un abordaje social del VIH desde una perspectiva de género y derechos humanos, con foco en los determinantes sociales de la salud y la eliminación del estigma. Pero no solo habla de VIH, la normativa aborda una respuesta integral para todas las enfermedades transmisibles con mayor prevalencia en la Argentina y en el mundo. En ese sentido, la Ley es de avanzada a nivel regional y sienta un precedente en la lucha por los derechos humanos.

Concretamente, en los que respecta a conquistas, se destacan el acceso a una respuesta integral e intersectorial que incluye prevención combinada, diagnóstico, tratamiento, cura, asistencia interdisciplinaria. Con el fin de favorecer el empleo, prohíbe la prueba de VIH, otras ITS y TBC en el ámbito pre-laboral o laboral. En términos de seguridad social, prevé una pensión no contributiva y una jubilación temprana para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, para personas gestantes se garantiza información, medicación y leche de fórmula para sus bebés por 18 meses.

En la situación actual de desmantelamiento del sistema de salud, la eliminación de las coordinaciones de Tuberculosis, Hepatitis y Lepra, los despidos en el sector sanitario y el ataque a derechos fundamentales, estos derechos conquistados y la dignidad de las personas se encuentra francamente amenazada. En respuesta a esto, la población representada a través de las organizaciones de la sociedad civil, que a su vez están nucleadas en diferentes alianzas nacionales y regionales, denunciamos públicamente el incumplimiento de la Ley 27675.

El mismo se traduce en cambios compulsivos de esquemas que generan toxicidad y resistencia, impactando negativamente en la salud física y mental, lo que puede llevar al abandono de tratamientos, depresión, pulsión de muerte, entre otras graves consecuencias. Desabastecimiento nacional de insumos para el control y seguimiento de personas que viven con VIH, tales como los reactivos de CD4, Carga Viral, Fenotipificación y Genotipificación y de retrovirales como el AZT, requerido durante el embarazo, el parto y para el tratamiento pediátrico de recién nacidos.

Asimismo, se denuncia la falta de compra de insumos biomédicos para la promoción de la salud y la implementación de políticas de Educación Sexual Integral, prevención del embarazo adolescente (ENIA), prevención combinada (Prep y PEP) de VIH, Sífilis, Hepatitis Virales (HV), otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC), así como medicamentos para las enfermedades oportunistas.

Por último, una práctica que se extiende a otras áreas del Estado es la no actualización de partidas presupuestarias, en ese sentido, los recortes presupuestarios para 2025 en el Programa Nacional de respuesta al VIH, HV, otras ITS y TBC son alarmantes, porque agravarán aún más la situación de las personas con VIH y otras comunidades.

En este contexto, la Fundación por una Sociedad Empoderada junto a otras organizaciones de la sociedad civil trabaja desde el territorio para dar una respuesta, organizando, informando y denunciando la ausencia del Estado. Integra también el capítulo argentino de la Alianza contra el Estigma y la Discriminación asociados al VIH que nuclea a organizaciones de todo el país; a su vez lleva adelante el proyecto nacional “Por una Argentina inclusiva”, que está presente en 5 localidades del país y persigue objetivos tan importantes como dar a conocer la Ley 27675 en todo el territorio y difundir información sobre la salud sexual con foco en la infecciones de transmisión sexual, entre otros.

Las organizaciones de la sociedad civil son un ejemplo más de la lucha de este pueblo que resiste ante la avanzada disfrazada de libertaria pero que es la continuidad del modelo neoliberal que comenzó con José Martínez de Hoz como ministro de economía de la dictadura militar.

Queda claro que es responsabilidad del Estado nacional garantizar la calidad de vida de la ciudadanía. Cuando hay un Estado ausente que incumple con su obligación de garantizar derechos a la población, no se puede hablar de libertad.

(*) Responsable de Comunicación de la Fundación por una Sociedad Empoderada.

Esta nota forma parte de la edición digital de revista hamartia Año 15 / Abril 2025