UNIVERSIDADES BAJO ATAQUE

Dos nuevos informes revelan que el recorte de recursos para las universidades no tiene freno. Uno de ellos indica que durante el primer semestre de 2024, el Estado nacional transfirió al sector fondos con una actualización 123 puntos por debajo de la inflación calculada para ese mismo período y que, en junio, esa situación se agudiza y alcanza los 165 puntos. A su vez, otro relevamiento señala que los salarios docentes perdieron más de un 34 por ciento entre noviembre del año pasado y junio de este año.

Escribe: Gabriel Rocca

Foto portada: Luiza Cavalcante

Publicada originalmente el miércoles 14 de agosto del 2024 por NEXciencia

La decisión de prorrogar el presupuesto 2023 dispuesta por el gobierno en el marco de un proceso de aceleración inflacionaria hacía prever un año difícil para las universidades nacionales. De esta manera, el Poder Ejecutivo se aseguraba amplios márgenes de discrecionalidad para definir los recursos para el sector. Y eso, en el marco de una administración cuyo presidente definía al déficit cero y al ajuste sobre el Estado como ejes centrales de su mandato no podía ser una buena noticia para la educación superior.

Y no lo fue. En los primeros meses de este año el recorte de fondos fue tan drástico que derivó en una crisis de tal magnitud que llevó a varias casas de altos estudios a anunciar que iban a tener que cerrar sus puertas frente a la imposibilidad de pagar los servicios básicos para su funcionamiento. La monumental marcha del 23 de abril obligó al gobierno a otorgar aumentos importantes en las partidas de funcionamiento lo que ayudó a despejar el panorama. Sin embargo, la situación está lejos de estar solucionada, el ajuste sigue adelante y ni siquiera están asegurados los recursos para funcionar hasta fin de año. Y todo esto, sin hacer referencia a la crítica situación salarial de docentes y nodocentes que pone en peligro el dictado del segundo cuatrimestre.

Pero para salir de lo conceptual y ponerle números a esta gravísima situación, un informe del Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU (IEC-CONADU) muestra el impacto del recorte presupuestario en las universidades públicas durante la primera mitad de este año.

De acuerdo con el trabajo, en los primeros seis meses de 2024, las universidades nacionales recibieron del Estado 1.351.829 millones de pesos. Esto es un 152,8 por ciento más que lo transferido en los primeros seis meses del año pasado. Sin embargo, esa variación queda muy atrasada frente al dato de inflación de ese mismo período, que alcanzó los 276,4 puntos. Es decir que, en la primera mitad del año, el financiamiento universitario quedó 123,6 puntos por debajo del aumento de precios.

Pero además, lejos de ir morigerando su impacto, el ajuste parece profundizarse con el correr de los meses. Si tomamos solo el mes de junio de 2024 el Estado nacional transfirió 364.805 millones de pesos a las universidades lo que representa un aumento del 106,3 por ciento en relación con lo percibido en el mismo del año pasado. Sin embargo en ese mismo lapso, la inflación interanual alcanzo el 271,5 por ciento, lo que constituye un atraso de 165,2 por ciento, muy superior a la caída promedio calculada para el semestre.

El relevamiento también destaca que la evolución mensual del presupuesto universitario muestra que entre enero y junio las transferencias mensuales sólo se incrementaron en 22.329 millones de pesos lo que representa un aumento de apenas el 1,6 por ciento. En ese marco de extrema escasez de recursos, no resulta extraño que para le mes de junio el nivel de ejecución presupuestaria sea casi completo, alcanzando el 93 por ciento de los fondos disponibles para todo el año, muy superior al promedio de los años 2015 / 2023 que es del 51 por ciento. Esto pone de manifiesto la necesidad de ampliar las partidas para afrontar las necesidades de financiamiento de las universidades para lo que resta del año.

Un aspecto sobre el cual el trabajo llama la atención es lo que ocurre con el ítem transferencias de capital que es el dinero destinado a obras en las universidades. En este caso, el crédito vigente (prorrogado de 2023) al 30 de junio era de 31.748 millones de pesos. Esa partida no solo no fue actualizada sino que en abril se le restaron 165,5 millones de pesos. Pero lo más insólito es que al 30 de junio su ejecución ha sido nula, no se utilizó ni un solo peso, en consonancia con la paralización de la obra pública a nivel nacional.

De persistir esta tendencia al desfinanciamiento, hacia fin de año se habrá destinado a la educación universitaria apenas el 0,24% del PBI, el valor más bajo de las últimas décadas.

En relación con los fondos destinados para becas la caída ha sido abrupta. En los primeros seis meses de 2024 los recursos con este fin crecieron apenas un 48 por ciento en relación con el mismo período de 2023, muy por debajo de la inflación de esa etapa, lo que implica un derrumbe del 61 por ciento en términos reales.

El trabajo concluye que, de persistir esta tendencia al desfinanciamiento, hacia fin de año se habrá destinado a la educación universitaria apenas el 0,24 por ciento del PBI, el valor más bajo de las últimas décadas. En los últimos años esa cifra se ubicaba en torno al 0,70 por ciento y en 2015 había alcanzado el 0,85 por ciento.

Licuadora de salarios

Si la situación presupuestaria general de las universidades es crítica, la realidad de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales es aun peor. El escenario es tan grave que, ya tanto la Universidad Nacional de Córdoba como la Universidad de Buenos Aires se declararon en emergencia en materia salarial y, recientemente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió una declaración en la que “reitera enfáticamente su preocupación por la situación salarial que atraviesan trabajadoras y trabajadores docentes y nodocentes del sistema universitario público”. Y sentencia: “Nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables. Y esta situación, que afecta a millones de trabajadores de la educación en todo el país, pone en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública y su capacidad para cumplir con excelencia su misión”.

Lo cierto es que el guadañazo más profundo que el gobierno de Milei efectuó contra los ingresos de las trabajadoras y trabajadores universitarios tuvo lugar durante los primeros meses de su gestión. Así, mientras que en el mes de diciembre, luego de la devaluación del 118 por ciento, el índice de inflación alcanzó el 25,5 por ciento, los salarios del sector sólo tuvieron una recomposición del 6 por ciento. En el mes de enero el recorte fue todavía peor, con una inflación del 20,6 por ciento, los sueldos docente y nodocentes permanecieron congelados, es decir, no tuvieron aumento alguno.

Los más castigados son los salarios de las categorías bajas, de esta manera, el ingreso de un docente JTP simple sin antigüedad cayó 34,4% desde noviembre 2023.

A partir de ese momento, con una negociación paritaria suspendida en los hechos –ya que desde el gobierno solo se convoca a los representantes sindicales para informarles, mes a mes, qué porcentaje de aumento salarial otorgará de manera unilateral el Poder Ejecutivo–, los sueldos del sector no solo no recuperaron lo perdido sino que continuaron deteriorándose en cuanto a su poder adquisitivo.

Un trabajo llevado a cabo por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) le puso números a esta caída de ingresos. De acuerdo con el informe, los más castigados son los salarios de las categorías bajas por la no actualización de la garantía salarial desde diciembre del 2023. De esta manera, el salario de un docente JTP simple sin antigüedad cayó 34,4% desde noviembre 2023.

En tanto, para quienes tienen cargos titulares con dedicación semiexclusiva, el derrumbe salarial alcanzó el 25,6% en el mismo período.

El nivel de deterioro ha llega a tal extremo que un amplio porcentaje de docentes y nodocentes de universidades nacional, que supera holgadamente el 50 por ciento, cobran salarios que se encuentran por debajo de la canasta de bienes y servicios que se utiliza para determinar la línea de pobreza, que para una familia tipo durante el mes de junio de 2024 se sitúa en 873.169 pesos según los cálculos realizados por el INDEC.

Frente a esta escenario y a la falta de respuestas del gobierno que, ante los reclamos, anunció un aumento salarial del 3 por ciento para agosto y del 2 por ciento para septiembre, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció el no inicio del segundo cuatrimestre y lanzó un plan de acción que incluye 72 horas de protesta con paros y actividades de visibilización los días 12, 13 y 14 de agosto y otras 48 horas de protesta con paros los días 20 y 21 de agosto. Asimismo, los representantes gremiales anunciaron que se realizará otra gran marcha universitaria, con fecha a determinar, durante el mes de septiembre.