EL MONOPOLIO CLARÍN

Más preguntas que respuestas en la compra de Telefónica, y los límites del monopolio Clarín.

Escribe: Gustavo López (*)

El grupo Clarín, a través de la Empresa Telecom, anunció el martes 25 de febrero, la compra de Telefónica de Argentina por la suma de 1245 millones de dólares.

No llamaría la atención la compra de una empresa por otra en el mundo de las mega fusiones millonarias, si no fuera por el hecho que esta requiere una doble autorización por parte de los entes reguladores estatales: el Enacom y la Comisión nacional de defensa de la Competencia, y parece fuera de norma.

Cuesta entender que tanto comprador como vendedor se arriesguen a un rechazo de la compra después de haberla anunciado al mundo. Pero más allá de suposiciones empecemos por la normativa vigente.

Tanto la Ley de defensa de la Competencia (25.156) como la Ley de Argentina Digital (27.078) establecen la intervención de estos dos organismos para autorizar compras o fusiones de empresas de telefonía o Tics. La Ley de Argentina digital pone en cabeza del Enacom la autorización o el rechazo de estas operaciones y la Ley de defensa de la competencia, previo dictamen del Enacom, debe rechazar, modificar o aprobar la compra (por afectación al mercado) y ambas leyes establecen sanciones para el incumplimiento.

Lo que se trata de evitar es una distorsión de la competencia en los mercados, en este caso además regulados, para evitar concentración que pueda derivar en dumping , fijación de precios, perjuicios para la competencia de manera desleal y que perjudiquen además los derechos de usuarios y consumidores por los que deben velar ambos organismos.

Quedarse con el 70% del mercado de la telefonía móvil, más del 90% de la telefonía fija y casi el 60% de la red de internet al hogar, aparece a simple vista como un mercado concentrado, fuera de norma, fuera de las leyes específicas.

Cuando sostenemos que a primera vista la compra es ilegal, lo decimos porque aparece como por fuera de lo que la ley permitiría y esto incluye el ancho de banda que deberían devolver por la compra, tanto en el 4G como en el 5G.

Telecom tiene plazos perentorios para presentar la documentación en el Enacom y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puede actuar de oficio, requiriendo los papeles.

Estamos hablando de la posible concentración oligopólica de un bien muy preciado como es la comunicación, que incluye un derecho humano básico como es el derecho a la información, la trasmisión de datos y el acceso a un servicio esencial como es internet.

Pero más allá de la obligación legal de intervención de los entes estatales, lo que se debe exigir en una sociedad democrática es el cumplimiento de las leyes, la institucionalidad del derecho.

Si hay una constante en esta actividad a lo largo de las últimas décadas, sobre todo del año 1989 en el que por decreto se modificó el artículo 45 de la ley de radiodifusión, permitiendo la formación de multimedios, es que las normas fueron cambiadas en general por decreto y en favor de la necesidad de algún grupo empresarial y no del conjunto de la sociedad.

Nadie niega la necesidad de actualización permanente de las normas por los cambios tecnológicos, pero en una sociedad democrática esto lo hace el Congreso, en favor de la libertad, la pluralidad y la diversidad.

Tanto la Ley de Medios como la de Argentina digital, fueron producto del debate parlamentario y de los consensos necesarios para que surjan las leyes.

Ahora lo que se pide y se exige, es que se cumplan con las leyes y las instituciones, independientemente del nombre del comprador o del vendedor.

El Congreso tiene la obligación de poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de seguimiento de la Ley de medios y la ley Tics y nombrar a los tres directores que deben estar en el directorio del Enacom, como lo señalara la Comisión de Libertad de Expresión de la OEA. Esta comisión debe controlar el cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades de Enacom y tener presencia parlamentaria en el directorio, hoy ilegalmente intervenido.

Especulaciones hay muchas, interrogantes también. ¿Por qué realizaron la operación sin la consulta previa? ¿Tenían la vista gorda asegurada? ¿Piensan que la justicia va a mirar para otro lado?

En un país normal, con instituciones que funcionen y Estado de Derecho, ninguno de estos interrogantes tendría sentido, se resolvería de acuerdo a la Ley.

Eso pensamos que iba a suceder a partir de 1983 cuando recuperamos la Democracia. Siempre hay una oportunidad de volver a empezar.

(*) Abogado. Ex Interventor del COMFER, Ex Vicepresidente ENACOM

Esta nota forma parte de la edición digital de revista hamartia Año 15 / Febrero 2025