LA TRAMA ENERGÉTICA II: GAS NATURAL Y LOBBY EN ARGENTINA

Sobre el lobby por el Gas Natural Licuado (GNL) en Argentina, la exportación y la renta petrolera, así como el capítulo extractivista de la Ley de Bases, conocido como RIGI, y sus similitudes con la última ley de GNL.

Escribe: Enrique Aurelli

Comenzaremos relevando las normativas mencionadas, sus fortalezas y debilidades desde la perspectiva de la soberanía energética de Argentina, y mapearemos a los actores, empresas y personas que juegan un papel en cada nivel de la cadena de producción, distribución, transporte, exportación, financiarización, accionistas y otros datos relevantes.

La Ley de Hidrocarburos N° 17.319, conocida como “Ley Bases”, fue promulgada en 1967 durante una dictadura militar en Argentina. Esta ley estableció el marco regulatorio para la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos en el país. Uno de sus capítulos más controversiales fue el Régimen de Inversiones para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos (RIGI), que otorgó amplios beneficios e incentivos fiscales a las empresas petroleras, tanto nacionales como extranjeras.

El RIGI ha sido ampliamente criticado por favorecer los intereses corporativos sobre los intereses nacionales, facilitando la fuga de capitales y divisas, y comprometiendo la soberanía energética del país. Algunas de sus principales debilidades incluyen:

1. Exenciones impositivas excesivas: El RIGI otorgó exenciones impositivas sustanciales a las empresas petroleras, lo que redujo significativamente los ingresos fiscales del Estado argentino.
2. Falta de control estatal: La ley limitó el control del Estado sobre las actividades de las empresas petroleras, permitiendo una gran discrecionalidad en sus operaciones.
3. Ausencia de reinversión obligatoria: No se establecieron mecanismos para garantizar que las ganancias obtenidas por las empresas se reinvirtieran en el desarrollo de la industria energética nacional.
4. Falta de transferencia tecnológica: No se exigió a las empresas extranjeras la transferencia de tecnología y conocimientos al personal argentino, perpetuando la dependencia tecnológica.
5. Desequilibrio en la distribución de beneficios: Los beneficios económicos se concentraron en manos de las empresas petroleras, mientras que las comunidades locales y el Estado argentino recibieron una porción menor de las ganancias.

Estas debilidades del viejo RIGI han sido objeto de críticas, al igual que el proyecto actual, por parte de especialistas, partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones ambientalistas y analistas en energía y economía, quienes argumentan que la ley favoreció y favorece un modelo extractivista y colonial que comprometió la soberanía energética de Argentina en beneficio de intereses privados en pos de la disolución nacional.

Apartado 1:

El Título VIII del proyecto de ley «Bases» crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) 2024, un marco legal que otorga una serie de beneficios e incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios a los proyectos de inversión que califiquen como «Grandes Inversiones» en cualquier sector de la economía argentina.

Este nuevo RIGI 2024 comparte varias similitudes preocupantes con el controversial capítulo RIGI de la antigua Ley de Hidrocarburos N° 17.319, promulgada durante la última dictadura militar en 1967. Ambos regímenes buscan atraer inversiones, principalmente extranjeras, mediante la concesión de amplios beneficios e incentivos fiscales, estableciendo un marco regulatorio que favorece los intereses corporativos sobre los intereses nacionales.

Al igual que el RIGI original, el RIGI 2024 otorga «certidumbre, seguridad jurídica y protección especial» a las inversiones adheridas (Artículo 163, inciso g), limitando la capacidad del Estado argentino para regular y controlar adecuadamente las actividades de las empresas beneficiarias.

Uno de los aspectos más preocupantes del nuevo RIGI 2024 es su amplitud y generalidad. A diferencia del RIGI original, que se enfocaba en el sector de hidrocarburos, el RIGI 2024 abarca «cualquier sector» de la economía (Artículo 164), con montos mínimos de inversión que van desde los 200 millones de dólares hasta los 900 millones de dólares, dependiendo del sector (Artículo 170).

Esta apertura indiscriminada del régimen a «Grandes Inversiones» en cualquier sector podría facilitar la explotación desmedida de recursos naturales estratégicos, sin considerar adecuadamente los impactos ambientales, sociales y económicos de largo plazo, perpetuando un modelo extractivista y colonial similar al que se criticó en el RIGI original.

Además, al igual que su antecesor, el RIGI 2024 no establece mecanismos claros para garantizar que las ganancias obtenidas por las empresas se reinviertan en el desarrollo de las industrias nacionales y en la transferencia de tecnología y conocimientos al personal argentino, comprometiendo la soberanía energética y el desarrollo sostenible del país.

Apartado 2/1:

En los últimos 30 años, el debate en torno a la explotación de los recursos energéticos en Argentina se ha centrado en el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en este caso del Gas Natural Licuado (GNL). En anteriores gobiernos se ha promulgado una nueva ley que regula la producción, el transporte y la exportación de GNL, con el objetivo de impulsar esta industria y aumentar los ingresos del país.

Sin embargo, esta nueva ley ha sido objeto de críticas similares a las que enfrentó y enfrenta el RIGI. Algunos analistas argumentan que la ley de GNL contiene condiciones que favorecen a los actores oligárquicos nacionales y extranjeros, facilitando la exportación de la mayoría de la futura produccion en desmedro de los usuarios industriales y hogareños argentinos, la fuga de capitales y divisas en detrimento de los intereses nacionales ademas de una super concetración de los actores beneficiados.

Uno de los principales puntos de crítica es la excesiva flexibilidad otorgada a las empresas en cuanto a los volúmenes de producción y exportación. Si bien la ley establece cuotas de exportación, hay mecanismos que permiten aumentar o disminuir estas cuotas según las necesidades del mercado internacional, lo que podría resultar en una sobreexplotación de los recursos o en una falta de suministro para el mercado interno ( empresas productoras de bienes y servicios y hogares).

Otro aspecto controvertido es el régimen de incentivos fiscales y tributarios que se ofrece a las empresas involucradas en el negocio del GNL. Estos incentivos, aunque diseñados para atraer inversiones, podrían resultar en una pérdida significativa de ingresos para el Estado argentino, similar a lo que ocurrió con el RIGI original y sus múltiples versiones posteriores.

Además, existe preocupación por la falta de mecanismos claros para asegurar que las ganancias obtenidas por las empresas se reinviertan en el desarrollo de la industria energética nacional y en la transferencia de tecnología y conocimientos al personal argentino.

Desde esta perspectiva, es crucial analizar cómo esta nueva ley de GNL al igual que el RIGI, podría perpetuar un modelo extractivista y colonial, en el que los recursos naturales del país son explotados principalmente para beneficio de intereses privados, tanto nacionales como extranjeros, mientras que las comunidades locales y el Estado argentino reciben una porción muy menor de las ganancias.

Es importante destacar que el desarrollo de la industria del GNL en Argentina podría tener implicaciones ambientales significativas, especialmente en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto en los ecosistemas locales. Por lo tanto, cualquier marco regulatorio debe contemplar medidas estrictas para mitigar estos riesgos y garantizar la sostenibilidad ambiental.

Apartado 2/2:

Continuando con el análisis del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) 2024 del proyecto de ley “Pasta Bases», y teniendo en cuenta el contexto y perspectiva planteados inicialmente, es importante examinar los incentivos tributarios y aduaneros que se otorgan a las empresas adheridas.

Al igual que en el antiguo RIGI de la Ley de Hidrocarburos, el RIGI 2024 concede una serie de beneficios fiscales sustanciales que podrían representar una pérdida significativa de ingresos para el Estado argentino. El Artículo 180, inciso a) establece una alícuota reducida del 25% para el impuesto a las ganancias de las empresas adheridas, sin aplicar la escala progresiva general.

Además, el inciso b) del mismo artículo permite a las empresas optar por amortizaciones aceleradas de sus inversiones, con plazos mínimos de tan solo 2 cuotas anuales para bienes muebles y 60% de la vida útil estimada para obras de infraestructura y otros activos. Esto podría resultar en un considerable diferimiento del pago de impuestos por parte de las empresas.

Otro beneficio destacable es la posibilidad de transferir quebrantos impositivos a terceros sin límite temporal (Artículo 180, inciso c), lo cual facilita potencialmente la evasión y elusión fiscal.

Estos incentivos tributarios excesivos son reminiscentes de las exenciones impositivas otorgadas bajo el RIGI original, que fueron ampliamente criticadas por favorecer desproporcionadamente los intereses corporativos en detrimento de los ingresos fiscales del Estado.

Es preocupante que el nuevo RIGI 2024 no contemple mecanismos adecuados para garantizar que las ganancias obtenidas por las empresas, gracias a estos generosos incentivos, se reinviertan efectivamente en el desarrollo de las industrias nacionales y la transferencia de tecnología y conocimientos.

Esta falta de contrapartidas y obligaciones claras para las empresas beneficiarias podría perpetuar un modelo extractivista colonial donde los recursos naturales y las rentas derivadas de su explotación son apropiados principalmente por intereses privados, tanto nacionales como extranjeros, dejando una porción menor para el Estado y las comunidades locales.

Es fundamental que cualquier régimen de incentivos fiscales para atraer inversiones esté equilibrado y contemple medidas concretas para asegurar que los beneficios se traduzcan en un verdadero desarrollo sostenible de las industrias nacionales, la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de la soberanía energética y económica de Argentina.

Apartado 3:

Para comprender mejor la dinámica detrás del lobby por el Gas Natural Licuado (GNL) en Argentina, es fundamental mapear a los actores, empresas y personas que juegan un papel en cada nivel de la cadena de producción, distribución, transporte, exportación, financiarización y accionariado.

En el nivel de producción, encontramos a las principales empresas petroleras y gasíferas que operan en Argentina, tanto nacionales como extranjeras. Algunas de las más importantes son YPF (empresa estatal argentina), Pan American Energy (propiedad de BP y Bridas Corporation), Tecpetrol (propiedad de Techint Group), Total Austral (filial de Total), Pluspetrol, Pampa Energía, entre otras.

Estas empresas son responsables de la exploración y extracción de gas natural de los yacimientos ubicados en diferentes regiones del país, como la Cuenca Neuquina, la Cuenca Austral y la Cuenca del Noroeste. Algunas de estas empresas también se encargan del procesamiento del gas natural para su posterior licuefacción.

En el nivel de transporte y distribución, encontramos a empresas como Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Camuzzi Gas Pampeana, Metrogas, entre otras. Estas empresas son responsables de operar los gasoductos y redes de distribución que transportan el gas natural desde los yacimientos hasta las plantas de licuefacción y los centros de consumo.

En el nivel de exportación, existen terminales de GNL ubicadas en diferentes puertos del país, como la Terminal de GNL de Bahía Blanca (operada por YPF) y la Terminal de GNL de Escobar (operada por Excelerate Energy). Estas terminales deberían ser las encargadas de licuar el gas natural y cargarlo en buques metaneros para su exportación a otros países. Pero hace mucho tiempo que funcionan de manera inversa, inyectando gas comprado al exterior devengando divisas fundamentales para la la economía argentina, que terminan en las arcas de las mismas empresas foráneas concertadoras del negocio.

En cuanto a la financiarización y el accionariado, encontramos una compleja red de inversores, fondos de inversión, bancos y empresas multinacionales que poseen participaciones accionarias en las diferentes empresas involucradas en la cadena de producción y exportación de GNL en Argentina. Algunos de estos actores son Blackrock, JPMorgan Chase, Vanguard Group, Fidelity Investments, entre otros.

Es importante destacar que muchas de estas empresas y actores financieros tienen intereses comerciales y económicos que trascienden las fronteras nacionales, lo que puede generar conflictos entre los intereses privados y los intereses nacionales de Argentina en términos de soberanía energética y desarrollo sostenible.

Para profundizar estos recorridos, podemos recurrir información publicada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que brinda datos sobre los volúmenes de producción, transporte, inyección, exportación y despacho diario de gas natural en Argentina, así como información sobre las empresas que participan en cada etapa de la cadena de valor.

En el nivel de exportación, existen terminales de GNL ubicadas en diferentes puertos del país, como la Terminal de GNL de Bahía Blanca (operada por YPF) y la Terminal de GNL de Escobar (operada por Excelerate Energy). Estas terminales son las encargadas de licuar el gas natural y cargarlo en buques metaneros para su exportación a otros países.

La Terminal de GNL de Bahía Blanca, ubicada en la provincia de Buenos Aires, es una de las principales instalaciones para la exportación de gas natural licuado en Argentina. Esta terminal es operada por YPF, la empresa petrolera y gasífera de propiedad mayoritaria estatal. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 189.000 metros cúbicos de GNL y puede recibir buques metaneros de hasta 138.000 metros cúbicos de capacidad.

Por otro lado, la Terminal de GNL de Escobar, también ubicada en la provincia de Buenos Aires, es una instalación de regasificación y exportación operada por la empresa Excelerate Energy, con sede en Estados Unidos. Esta terminal cuenta con un buque regasificador (FSRU) anclado en el Río Paraná, que tiene una capacidad de almacenamiento de 138.000 metros cúbicos de GNL y puede cargar buques metaneros de hasta 180.000 metros cúbicos de capacidad.

Ambas terminales desempeñan un papel crucial en la cadena de exportación de GNL de Argentina. El gas natural extraído de los yacimientos es transportado a través de gasoductos hasta estas instalaciones, donde se licua a temperaturas extremadamente bajas (-162°C) para reducir su volumen y facilitar su transporte en buques especializados conocidos como metaneros, ninguno de bandera nacional.

Una vez licuado, el GNL es cargado en estos buques metaneros y transportado a través de rutas marítimas hacia los mercados de destino, que pueden estar en otros países de América Latina, Asia, Europa u otras regiones del mundo.

Es importante destacar que tanto YPF como Excelerate Energy han realizado importantes inversiones en la construcción y operación de estas terminales, con el objetivo de posicionar a Argentina como un exportador significativo de GNL en el mercado global.

Además, otras empresas y consorcios han manifestado interés en construir nuevas terminales de exportación de GNL en diferentes puertos del país, lo que evidencia la creciente importancia de esta industria para la economía argentina.

Apartado 4:

A medida que profundizamos en el análisis del lobby por el Gas Natural Licuado (GNL) en Argentina, es fundamental destacar el papel que desempeñan los grupos de presión y las asociaciones empresariales en la promoción de sus intereses y la influencia en la formulación de políticas públicas.

Una de las organizaciones más influyentes en este sentido es el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), que agrupa a las principales empresas petroleras y gasíferas que operan en el país. Esta entidad ha sido un actor clave en las negociaciones y el cabildeo en torno a la nueva ley de GNL, buscando asegurar condiciones favorables para sus miembros.

Según informes del propio IAPG, esta organización ha mantenido reuniones periódicas con funcionarios del gobierno, legisladores y otros tomadores de decisiones para exponer sus puntos de vista y defender los intereses de la industria. Algunos de los aspectos que ha promovido incluyen la flexibilización de las cuotas de exportación, la reducción de cargas impositivas y el otorgamiento de incentivos fiscales para fomentar la inversión en la producción de GNL.

Otra organización relevante en este contexto es la Cámara de la Industria del Petróleo (CIAP), que representa a empresas proveedoras de bienes y servicios para la industria petrolera y gasífera. Esta entidad ha expresado su respaldo a la nueva ley de GNL, argumentando que impulsará el desarrollo de toda la cadena de valor y generará oportunidades de negocios para sus miembros.

Además de estas asociaciones empresariales, también encontramos la participación de consultoras especializadas y firmas de abogados que brindan asesoramiento legal y estratégico a las empresas del sector. Estas firmas han desempeñado un papel clave en la elaboración de informes técnicos, análisis de impacto y propuestas legislativas que han sido presentadas ante las autoridades competentes.

Es importante mencionar que algunos de estos grupos de presión y consultoras han sido acusados en el pasado de mantener vínculos estrechos con funcionarios públicos y legisladores, lo que ha generado sospechas de conflictos de intereses y prácticas de lobby no transparentes.

Para sustentar estos datos, podemos recurrir informes y comunicados emitidos por el IAPG, la CIAP y otras organizaciones relacionadas, así como artículos periodísticos que han cubierto las actividades de cabildeo de estos grupos en torno a la nueva ley de GNL.

Apartado 5:

Más allá de los actores corporativos y grupos de presión involucrados en el lobby por el Gas Natural Licuado (GNL) en Argentina, es crucial analizar el papel que desempeñan los funcionarios públicos, legisladores y tomadores de decisiones en este proceso.

En primer lugar, es importante destacar el rol del Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía, quienes han sido los principales encargados de negociar y redactar la nueva ley de GNL. Estos organismos han trabajado en estrecha colaboración con las empresas del sector y las asociaciones empresariales mencionadas anteriormente, lo que ha generado interrogantes sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso.

Asimismo, los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional han desempeñado un papel clave en el debate y la aprobación de la ley. Algunos legisladores han sido acusados de mantener vínculos estrechos con las empresas del sector y de recibir aportes financieros para sus campañas políticas, lo que podría generar conflictos de intereses y sesgar su posición en favor de los intereses corporativos.

Otro actor relevante es la Comisión Nacional de Energía (CNE), un organismo descentralizado que tiene a su cargo la regulación y el control del sector energético en Argentina. La CNE ha sido blanco de críticas por parte de organizaciones ambientalistas y grupos de la sociedad civil, quienes cuestionan su independencia y su capacidad para ejercer un control efectivo sobre las actividades de las empresas petroleras y gasíferas.

Más allá de los organismos gubernamentales, también es importante considerar el papel de los sindicatos y organizaciones obreras del sector energético. Algunos de estos grupos han expresado su preocupación por el impacto que podría tener la nueva ley de GNL en el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores, mientras que otros han respaldado la ley bajo la premisa de que fomentará la inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Para recoger estas afirmaciones, podemos recurrir informes de organismos de control y organizaciones no gubernamentales que han seguido de cerca el proceso de negociación y aprobación de la ley de GNL, así como declaraciones públicas de funcionarios, legisladores y representantes sindicales involucrados en el tema.

Apartado 6:

Al analizar el lobby por el Gas Natural Licuado (GNL) en Argentina, es fundamental considerar las implicaciones económicas y financieras que conlleva el desarrollo de esta industria. La explotación y exportación de recursos energéticos ha sido históricamente una fuente importante de ingresos para el país, pero también ha generado debates en torno a la distribución equitativa de los beneficios y la fuga de capitales.

Uno de los principales argumentos a favor de la nueva ley de GNL es su potencial para atraer inversiones extranjeras directas al sector energético argentino. Las empresas han destacado la necesidad de contar con un marco regulatorio estable y favorecedor para impulsar sus planes de exploración, producción y exportación de GNL.

Sin embargo, desde una perspectiva crítica, es importante cuestionar si estas inversiones realmente beneficiarán a la economía nacional en su conjunto o si simplemente representarán una nueva oportunidad para la fuga de capitales y la transferencia de ganancias a los países de origen de las empresas multinacionales involucradas y sus fondos buitres.

Otro aspecto a considerar es el impacto fiscal de la nueva ley. Si bien se han ofrecido incentivos y exenciones impositivas con el objetivo de atraer inversiones, estos beneficios podrían traducirse en una pérdida significativa de ingresos para el Estado argentino. Es crucial evaluar si los beneficios económicos a largo plazo compensarán estas reducciones de ingresos fiscales.

Además, es necesario analizar la distribución de los beneficios derivados de la explotación y exportación de GNL. En el pasado, las ganancias se han concentrado en manos de las empresas y los accionistas, mientras que las comunidades locales y los trabajadores han recibido una porción menor de los beneficios. Es fundamental comprender que la nueva ley no contempla mecanismos para una distribución más equitativa de las rentas petroleras.

Otro aspecto a considerar es el impacto en la balanza comercial y la balanza de pagos de Argentina. Si bien la exportación de GNL podría generar ingresos en divisas extranjeras, también es importante evaluar los costos asociados a la importación de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de esta industria, así como los flujos financieros relacionados con el pago de regalías y dividendos a las empresas extranjeras.

Para profundizar, podemos recurrir informes de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que han analizado los impactos económicos y financieros de la explotación de recursos energéticos en países en desarrollo. Asimismo, podemos recurrir a estudios realizados por centros de investigación y think tanks especializados en temas de economía y finanzas.

Apartado 7:

A medida que profundizamos en el análisis del lobby por el Gas Natural Licuado (GNL) en Argentina, es fundamental abordar las implicaciones sociales y ambientales que conlleva el desarrollo de esta industria. Históricamente, la explotación de recursos naturales ha generado conflictos y tensiones con las comunidades locales, además de impactos significativos en el medioambiente.

Uno de los principales desafíos es garantizar que las comunidades indígenas y campesinas que habitan en las zonas de extracción de gas natural sean consultadas y tengan una participación efectiva en la toma de decisiones. Lamentablemente, en muchos casos, estas comunidades han sido marginadas y sus derechos han sido vulnerados en aras de los intereses económicos de las empresas.

Organizaciones indígenas y ambientalistas han expresado su preocupación por el impacto que la expansión de la industria del GNL podría tener en sus territorios ancestrales, sus fuentes de agua y sus medios de vida tradicionales. Es crucial que cualquier nueva ley contemple mecanismos de consulta previa, libre e informada, así como medidas de mitigación y compensación para estas comunidades.

Otro aspecto a considerar son los impactos ambientales de la extracción, procesamiento y transporte de gas natural. Algunas de las preocupaciones incluyen la contaminación del aire y del agua, la emisión de gases de efecto invernadero, la fragmentación de hábitats naturales y la generación de residuos peligrosos.

Es necesario que cualquier nueva ley establezca estándares ambientales estrictos y mecanismos de monitoreo y control para minimizar estos impactos. Asimismo, es fundamental que se contemple la implementación de tecnologías limpias y prácticas sostenibles en toda la cadena de producción y exportación de GNL.

Además, es crucial considerar los impactos sociales y económicos que podría tener la expansión de esta industria en las comunidades locales. Si bien se ha prometido la creación de nuevos empleos, es importante evaluar si estos serán empleos dignos y bien remunerados, o si simplemente se perpetuará la precarización laboral y la explotación de los trabajadores.

Para sustentar estas afirmaciones, podemos recurrir informes y declaraciones de organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos que han monitoreado y denunciado los impactos sociales y ambientales de la industria extractiva en Argentina y otros países de la región. Asimismo, podemos recurrir a estudios académicos y científicos que han analizado estos impactos desde una perspectiva interdisciplinaria.

TÍTULO VIII Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) 2024

En la Ley “Pasta Bases» que se está tratando actualmente en el Congreso de Argentina el titulo VIII resulta sumamente valioso para analizar las similitudes y diferencias con leyes anteriores, como la Ley de Hidrocarburos N° 17.319 y su controversial capítulo RIGI (Régimen de Inversiones para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos).

Se puede destacar varios aspectos preocupantes que parecen perpetuar e incluso profundizar el modelo extractivista colonial que favoreció históricamente a los intereses corporativos sobre los intereses nacionales.

En primer lugar, el nuevo RIGI 2024 mantiene una serie de incentivos y beneficios fiscales excesivos para las empresas petroleras y gasíferas, tanto nacionales como extranjeras. Esto incluye la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias al 25% (Artículo 180, inciso a), la amortización acelerada de inversiones (Artículo 180, inciso b), y la posibilidad de transferir quebrantos impositivos a terceros sin límite temporal (Artículo 180, inciso c).

Estos incentivos, si bien buscan atraer inversiones, podrían representar una pérdida significativa de ingresos fiscales para el Estado argentino, tal como ocurrió con el RIGI original de la Ley de Hidrocarburos. Además, no se establecen mecanismos claros para garantizar que las ganancias obtenidas por las empresas se reinviertan en el desarrollo de la industria energética nacional y en la transferencia de tecnología y conocimientos al personal argentino.

Otro aspecto preocupante es la amplitud y generalidad del RIGI 2024, que no se limita a un sector o actividad específica, sino que abarca «cualquier sector» (Artículo 164) y establece montos mínimos de inversión que van desde los 200 millones de dólares hasta los 900 millones de dólares, dependiendo del sector (Artículo 170).

Esta apertura indiscriminada del régimen a «Grandes Inversiones» en cualquier sector podría facilitar la explotación desmedida de recursos naturales estratégicos, sin considerar adecuadamente los impactos ambientales, sociales y económicos de largo plazo.

Además, el nuevo RIGI 2024 mantiene un enfoque de incentivos y beneficios dirigidos principalmente a las grandes empresas, sin contemplar mecanismos para la participación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas nacionales en la cadena de valor energética.

En cuanto a las similitudes con el RIGI original, ambos regímenes comparten la premisa de otorgar «certidumbre, seguridad jurídica y protección especial» a las inversiones extranjeras (Artículo 163, inciso g), lo que podría limitar la capacidad del Estado argentino para regular y controlar adecuadamente las actividades de las empresas adheridas.

También se mantiene la figura de las «Sucursales Dedicadas» (Artículo 167), que permitiría a las empresas separar sus actividades y activos relacionados con el proyecto adherido al RIGI, generando potenciales riesgos de fuga de capitales y evasión fiscal.

Si bien el nuevo proyecto de ley de «Bases» y su capítulo VIII – RIGI 2024 buscan atraer inversiones en el sector energético, contiene varios elementos preocupantes que podrían perpetuar el modelo extractivista colonial que históricamente ha privilegiado los intereses corporativos sobre los intereses nacionales de Argentina. La falta de mecanismos claros para garantizar la reinversión de ganancias, la transferencia tecnológica y el desarrollo de capacidades nacionales, así como la amplitud del régimen y sus excesivos beneficios fiscales, podrían representar un riesgo para la soberanía energética y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del país.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley «Bases» que contiene el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) 2024, y comparándolo con las normativas anteriores sobre energía e hidrocarburos en Argentina podemos mencionar otro aspecto clave a analizar en el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) 2024 son los actores involucrados y los mecanismos de influencia y cabildeo que podrían estar operando en torno a este régimen.

Al igual que ocurrió con el RIGI original o las diversas versiones de la Ley de Hidrocarburos, Electromovilidad, Hidrógeno Verde, Minería y Automotriz, Pesca, Puertos, Peajes, dragados, etc. Seria conveniente pensar que probablemente las principales empresas eléctricas en sus tres versiones, mas la petroleras y gasíferas que operan en Argentina, tanto nacionales como extranjeras, hayan ejercido una intensa presión y lobby para moldear el nuevo RIGI 2024 a su conveniencia.

Empresas como YPF, (sobre todo su 49% privado que hoy controla el 100%), Pan American Energy, Tecpetrol, Total Austral, Pluspetrol y Pampa Energía, entre otras, tienen un enorme interés en asegurarse condiciones favorables para sus operaciones e inversiones en el país. Es razonable suponer que estas compañías han participado activamente en las negociaciones y en el cabildeo ante funcionarios y legisladores para influir en el diseño del RIGI 2024.

Además de las empresas, es probable que organizaciones empresariales como el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la Cámara de la Industria del Petróleo (CIAP) hayan desempeñado un papel clave en la promoción de los intereses de la industria y en la defensa de los super mega obscenos incentivos contemplados en el nuevo régimen que se pretende aprobar..

Según difundieron “los medios”, estas organizaciones han mantenido reuniones periódicas con funcionarios del gobierno y legisladores, presentando sus puntos de vista y presionando por la flexibilización de cuotas de exportación, la reducción de cargas impositivas y el otorgamiento de incentivos fiscales, entre otros aspectos.

Es fundamental analizar también el papel de consultoras especializadas y firmas de abogados que brindan asesoramiento legal y estratégico a las empresas del sector. Estas firmas han sido acusadas en el pasado de mantener vínculos estrechos con funcionarios públicos y legisladores, generando sospechas de conflictos de intereses y prácticas de lobby no transparentes.

Tal que es crucial cuestionar la influencia desproporcionada que estos actores corporativos y grupos de presión han ejercido en el diseño del RIGI 2024. Es probable que sus intereses particulares hayan prevalecido sobre los intereses nacionales de Argentina en términos de soberanía energética, desarrollo sostenible y distribución equitativa de los beneficios derivados de la explotación de recursos estratégicos y naturales.

Siempre desde el pueblo, es necesario exigir transparencia en todo proceso de negociación, pero en esta arremetida colonial hay que sumar el rechazo a la LEY PASTA BASE y en particular a su capitulo VIII RIGI 2024. Los ciudadanos debemos tener mecanismos efectivos para contrarrestar la captura de nuestros recursos estratégicos nacionales así como de toda legislación regulatoria por parte de intereses corporativos nacionales y extranjeros y garantizar que las políticas públicas respondan verdaderamente al interés general y el bienestar del pueblo de la gran Nación Argentina.