La alimentación en cuestión

La soberanía sobre nuestra alimentación, economía y salud compite con un modelo que sólo busca maximizar la rentabilidad en la producción de alimentos y en la comercialización de ultraprocesados.

El modelo de los agronegocios

Texto:


Los patrones alimentarios en la región fueron modificados sustancialmente en las últimas décadas, producto del crecimiento económico y la internacionalización del comercio particularmente en el plano de la alimentación. Mientras es mayor el consumo de alimentos altamente industrializados o ultraprocesados, disminuyó el consumo dealimentos frescos o de escasa elaboración, propios de su disponibilidad regional así como de los hábitos y tradiciones culturales de la población.

América Latina y el Caribe lograron alcanzar en el 2015 las metas del milenio reduciendo la pobreza y los índices de desnutrición y mortalidad infantil, gracias a políticas inclusivas aplicadas en los últimos años en varios de sus países. Pero al mismo tiempo, los cambios en el patrón de alimentación con un elevado consumo de alimentos ricos en densidad calórica, grasas, azúcar y sales, hacen a la persistencia de la malnutrición y al agravamiento de las condiciones de vida en todas sus formas. La problemática alimentaria está inserta en el modelo de producción hegemónico propio del sistema capitalista salvaje.

Hablar hoy de cómo comemos implica referirnos a los condicionantes que ya en 1998 fijara Amartya Sen (Premio Nobel de Economía), quien señaló que la seguridad alimentaria y nutricional está vinculada no al aumento de la producción de alimentos sino al pleno empleo, a los salarios dignos y a los precios justos. Actualmente se producen en el mundo alimentos para 12 mil millones de personas y somos sólo 7 mil millones. Desde distintos ámbitos se plantea el tema de su producción en función de la rentabilidad o de sus valores económicos, es decir, no en relación a las necesidades nutricionales, a la biodiversidad, ni a los valores socioculturales. No se trata de producir más, sino de distribuir en forma más equitativa. Se trata de saber en manos de quién están los alimentos y si éstos son considerados un bien social o una mercancía, si los valoramos en función de sus valores nutricionales o de sus valores económicos según su cotización en bolsa.

La disputa se da ya desde el Consenso de Washington y, aún retrocediendo a la década del 70 con el Premio Nobel de la época, Kissinger sostenía que si se dominaba el petróleo se dominaba a las naciones y si se dominaba a los alimentos se dominaba a los pueblos. Sobran ejemplos en Nuestra América del uso de los alimentos como arma estratégica, como factor de presión ejercida sobre gobiernos populares. Se maneja el abastecimiento, se especula con los alimentos, se generan procesos inflacionarios, se apoderan de los bienes naturales y las tierras fértiles, de la infraestructura y los servicios centrales. Así se llega a lo que tenemos hoy, una economía altamente concentrada, monopólica y transnacionalizada que condiciona no sólo la estabilidad institucional de las naciones sino también su presente y su futuro. Chile, Paraguay, Brasil, Argentina y, en especial en estos días, Venezuela, son un ejemplo de lo que afirmamos.

El modelo productivo condiciona qué producir, qué exportar y destina la producción de granos no sólo a satisfacer las necesidades de la población, sino también a alimentar a los animales y a los automóviles. El monocultivo basado en la rentabilidad condiciona las leyes del mercado, determina los precios y es dependiente de un paquete tecnológico basado en el uso de agrotóxicos, en la mecanización e industrialización de la producción, lo que denominamos “agronegocio”. Como contrapartida, los monocultivos afectan las condiciones de salud de la población, modifican las características de los suelos, conllevan deforestación, contaminan los ríos y los mares, alteran el equilibrio ecológico de la fauna y de la flora y dan paso a desastres climáticos.

Las consecuencias del modelo de monocultivos y agronegocios se han denunciado en todo el país, con acciones directas y movilizaciones de poblaciones enteras afectadas en las zonas productivas. Los estudios de profesionales y científicos en las universidades y en el territorio documentan el creciente deterioro ambiental y sociocultural que se extiende en las áreas rurales y, a través de la cadena de producción y comercialización de los alimentos, en las áreas urbanas. Por ejemplo, recientemente se expidió en La Haya un tribunal popular contra Monsanto, integrado por activistas, periodistas y científicos, entre otros. Los jueces de los cinco continentes, representativos desde ya, enunciaron en su dictamen que somos testigos de un “ecocidio”, un crimen contra toda la naturaleza. En los últimos meses se ha agravado la situación económica, sociocultural e institucional, como resultado de políticas económicas neoliberales que generan aumentos de desempleo, descenso en el poder adquisitivo de los salarios, inflación, especulación financiera, puja distributiva, apropiación y enajenación de nuestros bienes naturales y debilitamiento de la industria y la producción nacional. Estas políticas económicas tienen un correlato en el nivel de vida de la población y en especial en su alimentación, comprometiendo la salud y por ende el presente y el futuro de las nuevas generaciones, en especial de sus sectores más vulnerables. Para revertir este panorama, es necesario enfilar el timón hacia la agroecología, que demanda cambios estructurales como garantía de una alimentación sana, segura y soberana.

 

lata¿Qué implica el modelo de monocultivos y agronegocios?

– Acaparamiento y concentración de la propiedad de la tierra en aquellos sitios de mayor riqueza de agua dulce, fertilidad de la tierra o presencia de minerales estratégicos. En este contexto, cabe señalar que el gobierno nacional modificó sustancialmente por decreto la ley nacional 26.737 que limitaba la extranjerización de la tierra.

– Producción de agrocombustibles a partir de maíz, soja y caña de azúcar, compitiendo con el destino de los mismos para la alimentación humana y encareciendo su valor. En EE.UU., se encarecieron las tortillas mexicanas por destinar el 60% de la producción de maíz a agrocombustibles.

– Expansión de la frontera agrícola deforestando el bosque nativo para generar una producción destinada principalmente a la exportación. Como consecuencia de la destrucción de bosques autóctonos y la degradación de los suelos, se reportan catástrofes climáticas como inundaciones, sequías, incendios y aludes.

– Uso de organismos genéticamente modificados, que requiere de un paquete tecnológico basado en cantidades crecientes de agrotóxicos de elevado costo. La comunidad científica ha denunciado contaminación, aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades oncológicas, neurológicas y respiratorias. A la contaminación del ambiente se suma la contaminación con residuos de plaguicidas y herbicidas en los alimentos que consumimos.

– Un modelo de “agricultura sin agricultores” que expulsa a campesinos, productores familiares y poblaciones originarias y provoca hacinamiento en las ciudades. La agricultura industrial abastece al 30% de la población pero utiliza el 70% de las tierras.

– Diez empresas en el mundo, con presencia en nuestro país, producen y comercializan los comestibles. Se destacan Molinos Río de La Plata, Kraft, Arcor, Nestlé, las que se han apropiado progresivamente de pequeñas y medianas industrias de carácter nacional manteniendo sus marcas originales. La producción de los principales alimentos de lamesa familiar se concentra en pocas empresas.

– Concentración de la comercialización en los supermercados: pese a representar el 6% por del total del comercio minorista concentran el 86% de su facturación, desplazando a los pequeños y medianos comercios barriales que, a su vez son los de mayor capacidad de generar empleo. Esta concentración monopólica genera que un grupo de marcadores de precios determinen los precios de la canasta básica, generando inflación y especulación financiera. La distorsión de precios se agrava en esta gestión gubernamental con la apertura de la importación de alimentos que ya se producen en el país. Los medios de difusión masiva apoyan el modelo con publicidad engañosa.

– Producción a gran escala de alimentos ultraprocesados, con agregados de componentes químicos, aditivos, conservantes, colorantes y saborizantes para dar un producto final “similar” a un alimento de consumo habitual. El consumo de ultraprocesados generó un aumento de obesidad y diabetes en niños y adolescentes.

(*) La Lic. Miryam K. de Gorban es Coordinadora General de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) de la Facultad de Medicina / Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires.

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