Desmontes y pérdida de calidad de vida en Córdoba

Desde el 2010 se autorizó el desmonte de cerca de 50 mil hectáreas de bosques. El proyecto del oficialismo plantea arbitrariedades e incongruencias, como aumentar las hectáreas que podrán ser desmontadas, incluso con el uso de agroquímicos.

Bosques nativos en peligro

Texto:
Ilustración: Lula Urondo



Cuando usted lea esta nota, tal vez los pocos bosques nativos que le quedan a Córdoba hayan sido condenados a desaparecer. Ello si la Legislatura de la Provincia aprueba el proyecto del oficialismo, que implica lisa y llanamente desmontar gran parte de ese ínfimo porcentaje que se salvó de las topadoras (alrededor de un 3% de lo que fuera su distribución original). Y usted se preguntará: ¿por qué se toma esa decisión?, ¿tiene eso alguna importancia sobre mi calidad de vida? Ahora paso a explicarle la historia completa, y luego usted sabrá cómo deba actuar al respecto.

Bosques web

En las últimas cinco décadas, pero principalmente en los últimos 15 años, los ecosistemas boscosos de la provincia de Córdoba se degradaron o, en muchos casos, desaparecieron. Esto ha significado una pérdida sustancial y parcialmente irreversible de la biodiversidad, la productividad biológica y agropecuaria, así como de otros múltiples beneficios que los bosques brindan a la sociedad: regulación hídrica, conservación del suelo y de calidad del agua, fijación de gases de efecto invernadero, diversificación y belleza del paisaje, y mantenimiento de la identidad cultural, entre otros. La principal causa de esta devastación ambiental ha sido el avance de la frontera agropecuaria para aumentar la extensión de tierras dedicadas a cultivos y ganadería intensiva, junto con el avance de la frontera urbana particularmente en las sierras.

Dado que esta problemática es nacional, y que mantener los bosques nativos es sumamente importante para el futuro de nuestro país, en 2007 el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos 26.331, cuyo objetivo es fijar los estándares mínimos de protección que deben establecer las provincias con bosques nativos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, y sobre todo en la Provincia de Córdoba, el espíritu de la ley nacional no se cumplió. En el año 2010 la Legislatura Provincial, luego de traicionar un amplio proceso participativo y con gran fundamento científico, aprobó de la noche a la mañana la Ley Provincial 9.814. Si bien se debía realizar un Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), en la práctica la ley provincial se convirtió en una herramienta para que continuaran los desmontes: desde el 2010 se autorizó el desmonte de cerca de 50 mil hectáreas. Ello no hizo más que sostener la tasa de desmonte en Córdoba, que era una de las más altas del mundo.

Gracias a la lucha incesante de ONGs y sectores académicos, se logró que se modificaran los artículos de la Ley 9.814 que claramente atentaban contra el espíritu de la Ley Nacional. A esto se suma que la propia norma obliga a una actualización del OTBN provincial cada cinco años. En este contexto, el Gobierno de Córdoba presentó en la Legislatura un anteproyecto de ley de OTBN que no sólo no protege a nuestros pocos remanentes de bosques nativos sino que por el contrario permite que los desmontes (desde totales a selectivos) continúen sin control. El proyecto del oficialismo (Unión Por Córdoba) plantea arbitrariedades e incongruencias como reducir considerablemente el número de hectáreas a proteger y aumentar las que podrán ser desmontadas, incluso con métodos peligrosos como el uso de agroquímicos, reducir de forma irrisoria las penas para los infractores de la ley e incluso generar una amnistía para aquellos que desmontaron ilegalmente en los últimos años.

Es evidente que la intención de nuestros actuales funcionarios y legisladores del partido de gobierno es seguir favoreciendo a sectores concentrados de poder (vinculados al negocio del agro e inmobiliario), en detrimento de los intereses comunes de todos los cordobeses. Pero lo que no se imaginaban era que la sociedad iba a tener una reacción masiva de rechazo a su propuesta. Desde que se conoció el proyecto del oficialismo fue creciendo el número de voces contrarias, desde sectores académicos, ambientalistas, campesinos y vecinos de zonas serranas. La manifestaciones de rechazo se multiplicaron hasta culminar el 28 de diciembre del año pasado en una masiva marcha por el centro de la Ciudad de Córdoba, con cerca de 10 mil personas diciéndole “No” a la ley del desmonte.

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La reacción no fue sólo producto de una toma de conciencia colectiva, en el medio ocurrieron hechos lamentables que abrieron los ojos de nuestra población. La tragedia  de las inundaciones de Sierras Chicas en febrero de 2015 marcó un antes y un después en el entendimiento de por qué es importante conservar los bosques nativos, y reafirmó lo que indicaban los investigadores ya desde años antes. La vegetación nativa de nuestras cuencas cumple un “efecto esponja”: absorbe buena parte de las lluvias estivales y permite que el agua esté disponible en los períodos de sequía. Si hacemos desaparecer a esta vegetación nativa, se pasa a un “efecto tobogán” que genera destrucción cuando llueve y pérdida del vital recurso agua cuando más lo necesitamos.

A pesar de los reclamos para que se realice un proceso participativo con fundamentación técnica y científica, los legisladores de Unión por Córdoba se niegan a archivar su propuesta. Es fundamental que no sólo unos miles se movilicen, sino todo el conjunto de la sociedad cordobesa, porque nuestra calidad de vida está en juego. Cuidar nuestro ambiente no es simplemente mantener algunos árboles y flores. Sin cuencas bien conservadas no hay agua, sin suelos no hay producción, sin agua y sin producción no se desarrolla la economía, con una economía deprimida se incrementa la pobreza, el incremento de la pobreza genera conflictos sociales, y los conflictos sociales incrementan la inestabilidad política.

La defensa de nuestros bosques nativos no debe ser sólo una lucha de sectores ecologistas. Estamos transitando límites o umbrales de colapso tanto en términos ecológicos como sociales. Hoy la mitad de nuestros suelos sufre procesos de desertificación que los hacen improductivos. Las decisiones que tomemos como sociedad pueden llevarnos a recuperar nuestro ambiente o a caer en cascada hacia situaciones de degradación irreversibles. Por su parte, los cada vez más recurrentes eventos catastróficos están poniendo a prueba la capacidad de nuestros sistemas naturales de absorber las perturbaciones generadas por el ser humano, afectando de manera directa nuestra economía, salud e incluso poniendo en riesgo nuestras propias vidas. En tal sentido, los costos que produjeron las inundaciones en Sierras Chicas son aún incalculables.

En vez de satisfacer la voracidad y avaricia de unos pocos, el Estado Provincial debería generar políticas públicas en beneficio del conjunto de sus habitantes. Y, puntualmente en relación a los dueños de las tierras que aún tienen parches de bosques, generar incentivos (tales como duplicar los subsidios para conservación y eximir de impuestos) y herramientas (por ejemplo, capacitación para el manejo sustentable de los bosques), en vez de ceder a las presiones para seguir desmontando. Si bien la tierra es propiedad privada, los bienes que brindan los ecosistemas que están en ellos nos pertenecen a todos, y es el Estado el que debe mediar para que todos salgan beneficiados, a partir de los consensos y acuerdos que son posibles de lograr si realmente existe voluntad. Nuestro futuro está en manos de los actuales Legisladores de la Provincia de Córdoba, o en el conjunto de la sociedad organizada. Todo depende de cómo actuemos cada uno de nosotros.

*Fernando Barri es doctor en Ciencias Biológicas, investigador de CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en la Cátedra de Problemática Ambiental.

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