Un remedio peor que la enfermedad

El diputado Nacional del FpV por la provincia de Formosa, “Juancho” Díaz Roig, denunció en el programa de radio de la Revista Hamartia la existencia de un acuerdo de aceptación mutua de patentes con los Estados Unidos, que amenaza nuestra soberanía farmacéutica y la salud de los argentinos.

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Texto:


Entrevista: Julián Saud, Dulce Mattía y Julián Andreu.

 

Cuando hablamos de soberanía, el concepto suele remitir inmediatamente al territorio o alguna cuestión de derecho o política internacional; pero pocos saben de uno de los grandes pilares de la independencia de nuestro país, que ha salvado miles de vidas desde las sombras: La Ley de Patentes. Particularmente, el apartado que exige para conceder la exclusividad de un producto que el mismo sea una invención única y real, y no una leve modificación de algo existente, a fin de vedárselo a la competencia (una práctica que se conoce como “evergreen”). La celosa aplicación de esta norma por parte de nuestro país, ha sido furibundamente atacada por las compañías farmacéuticas multinacionales, que se valen de ese ilegítimo recurso para poder establecer unilateralmente los precios de los medicamentos, dificultando su acceso para quienes viven en el mundo subdesarrollado. En la Argentina de los últimos años, la lucha se dio entre el estado y los laboratorios BMS y SCRAS, que intentaron infructuosamente restringir el acceso de los enfermos de VIH a los medicamentos antirretrovirales. Pero ahora cambiamos.

 

 

A partir del nombramiento de un abogado especialista en patentes que hizo carrera defendiendo a las multinacionales al frente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), el propio estado impulsó la aceptación irrestricta de las patentes de farmacéuticas internacionales y fueron los laboratorios argentinos los que debieron asumir la defensa de los pacientes a través de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, ante el organismo de Naciones Unidas que se ocupa de la propiedad intelectual (OMPI/WIPO). Ahora el doctor Dámaso Pardo, titular del INPI y ex socio de Martínez de Hoz (h), lobbista farmacéutico y litigante contra el estado; ha vuelto a la carga con un convenio con los Estados Unidos para la aplicación de algo que denominaron “Autopista para la prosecución de patentes”. En la práctica, el gobierno del dueño de Autopistas del Sol, se compromete a aceptar sin hacer examen ni evaluación alguna, los derechos otorgados por el organismo norteamericano de patentes, USPTO. Lo que no lograron con el ALCA o el PTT, se lo terminaron sirviendo en bandeja quienes saltaron el mostrador para saquearlo.
Al respecto, el diputado nacional por el FpV-PJ, Juan Carlos Díaz Roig; aseguró en No Nos Queda Otra que el acuerdo equivale a conculcar nuestra soberanía farmacológica y pondría en peligro miles de vidas. “El acuerdo del INPI con su homólogo estadounidense para darle viabilidad a sus patentes, implicaría garantizar el acceso de esos productos a nuestro país evadiendo los controles y análisis que nuestra ley exige. Esto significa renunciar a la facultad soberana de evaluar si una patente otorgada en el extranjero es correcta o no”. En septiembre de 2015, un joven yuppie norteamericano llamado Martin Shkreli compró la licencia de Daraprim, un medicamento utilizado en el tratamiento del cáncer y el VIH considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud; e incrementó su precio en un 5.556% al día siguiente, pasando de 13,5 a 750 dólares por pastilla. Ante la advertencia de diversos organismos sobre el claro peligro de desfinanciación de los sistemas de salud del tercer mundo y la consiguiente pérdida de vida que implicaban esas medidas; la respuesta del nóvel empresario fue contundente: “Son legales: Se llama capitalismo”. Desde ahora, las mismas leyes que permitieron a Shkreli llenar sus bolsillos vampirizando la esperanza y calidad de vida de millones de enfermos a lo largo del mundo, rigen también en la Argentina.

 

 

dr2

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