En nombre del padre

Ante las marchas y contramarchas en torno a la nacionalización de la deuda privada presidencial, el equipo del programa de radio de la Revista Hamartia consultó un especialista a fin de recorrer la historia de un conflicto con más de 15 años de antigüedad.

Carta para Mauricio

Texto:


Entrevista; Julián Saud, Miguel Fortuna y Juan Carlos Romero López.

 

Durante la década de los 90’, la Argentina tuvo el dudoso honor de ser uno de los primeros países del mundo en privatizar su servicio postal, dejando el Correo Argentino en manos del grupo Macri. Poco después del comienzo del nuevo siglo, en el año 2001 y en medio de denuncias de vaciamiento, la empresa se presentó a concurso preventivo de acreedores; un recurso destinado a compañías en dificultades a fin de evitar una quiebra, por la que debería liquidar todos sus bienes para pagar sus deudas. Ante esto, el juez de la causa debe decretar un período de protección, de entre uno y dos años, durante los que se les da tiempo a negociar una reestructuración de sus pasivos con una comunidad significativa de acreedores bajo un régimen de mayorías. Mientras esta negociación tenía lugar, la empresa continuó prestando el servicio hasta que fue recuperada por Néstor Kirchner en 2003, invocando el incumplimiento en el pago de obligaciones. A partir de allí se dió una pulseada entre el estado, que desde el concurso preventivo reclamaba por el pago de cánones adeudados; y el grupo económico, que reclama una indemnización por supuestos daños y perjuicios.

 

 

Cuando se critica al anterior gobierno por no destrabar el conflicto, se pierde de vista que el único que tenía capacidad para resolver el concurso, era el juez de la causa. Lo que sí era competencia del estado era ejercer la potestad sobre su crédito, y lo hizo rechazando las ofertas por insuficientes. Esta negativa a acordar debería haber desatado la quiebra, de no haber sido apelado por el grupo empresario, llevando la causa a la cámara en el año 2009. A partir de ese momento, comenzó una nueva ronda de negociaciones durante la cual los camaristas decretaron otro período de protección para evitar la quiebra mientras se celebraran las audiencias. Seis años más tarde, frente a un nuevo gobierno y antecedida por una reunión de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, con el presidente de la empresa; el estado presentó una oferta al Correo Argentino revelándole bajo qué términos prestaría conformidad para zanjar el diferendo, resultando en el acuerdo que ahora prometen desconocer.

 

Consultado para No Nos Queda Otra, el abogado Daniel Vítolo, coautor de la Ley de Quiebras; cuestionó fuertemente los términos del convenio y relativizó la capacidad de la empresa para honrarlo. “Antes de firmar nada, tendrían que haber chequeado como cobra el estado los concursos o financia deudas, y el mejor parámetro en este sentido es la AFIP. Ésta no admite que los pagos involucren períodos superiores a ocho años; se exige una taza de mercado que ellos ubican alrededor del 24% anual, con una cancelación mínima por año del 10% del capital adeudado y pago simultáneo de intereses. Por último, no admiten quitas y ponen como condición necesaria que el deudor debe renunciar a todos los juicios contra la entidad. En el acuerdo propuesto, en cambio, la financiación es a 15 años con un interés del 7%, cancelando sólo el 1% del capital durante los primeros años, pagando los intereses recién con la última cuota y sin desistir de los reclamos judiciales contra el estado. Por otro lado, aún así no hay garantía de pago ya que Correo Argentino es una sociedad anónima cuyo único capital es su derecho de expectativa de cobro contra el estado argentino”.

 

dv

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