"Cambiemos" la justicia

El Ministerio de Trabajo, cuyo titular ha llegado a manifestar públicamente “entendamos al que despide”, se ha convertido en el lugar estratégico de defensa de políticas antiobreras y de ajuste.

Trabajadores sin fuero

Texto:


El plan para flexibilizar las relaciones de trabajo, principal objetivo del gobierno del empresario presidente, ya esta en marcha. Para ello el gobierno cuenta con la complicidad del sector empresarial, judicial, sindical (especialmente el triunvirato cegetista) y medios hegemónicos de comunicación. Ninguna de las patas de la mesa pueden faltar, de lo contrario todo se desmoronaría.

Mauricio Macri no entiende la política como una herramienta de transformación e inclusión; por el contrario, desde el primer momento de su mandato, el poder ejecutivo dispuso que los sectores más concentrados de la economía como mineros y agroexportadores tuvieran fuertes reducciones de retenciones. Al mismo tiempo, se despidieron cientos de miles de trabajadores del sector público y privado, se desregularon las tasas de interés del sector financiero, -facultando a las entidades bancarias a fijarlas libremente-, y por si fuera poco, se avanzó en una salvaje devaluación pasando el valor del dólar de $9,60 a $14.50 pesos.

Estas políticas implicaron una fabulosa transferencia de ingresos de los sectores bajos y medios, a los grandes capitales nacionales y transnacionales. No obstante ello, lejos de ver saciada su voracidad, los CEOS que hoy conducen los destinos de nuestra Nación, pusieron en marcha “la fase II” (el ajuste flexibilizador de las relaciones de trabajo).

“Es necesaria una justicia laboral mas equitativa” espetó el empresario presidente en una entrevista; a tono con sus dichos se propuso realizar un inconstitucional traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Capital Federal. Asi, el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intentaron firmar un convenio teñido de amarillo, mediante el cual en una primera instancia serian traspasados 30 juzgados, para luego gradualmente avanzar con los 50 restantes. La iniciativa implica la conformación de una tercera instancia judicial y que la última palabra en cualquier contienda entre un trabajador y una empresa la tenga el Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal (cuyos jueces fueron tristemente celebres por interpretar que si una persona circula sin DNI por la vía publica es motivo suficiente para llevarla detenida).

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La avanzada en el desaguace del fuero provocó el más enérgico rechazo de distintos sectores que se agruparon en una multisectorial conformada por sindicatos que comprenden a empleados del poder judicial, como a distintas asociaciones y agrupaciones de abogados laboralistas. La histórica protesta de rechazo que tuvo lugar  frente a la Cámara Nacional del Trabajo, permitió frenar, por el momento, la firma del convenio de traspaso entre Nación y Ciudad.

En paralelo y abriendo todos los frentes al mismo tiempo, el ejecutivo envió un proyecto de ley al congreso de la Nación para modificar la ley de riesgos del trabajo. Lo que busca el nuevo proyecto no es prevenir los accidentes, sino bajar los costos laborales de las empresas e incrementar las ya siderales ganancias de las ART, impidiéndole al trabajador un rápido acceso a la justicia y sometiéndolo a largos procesos de comisiones medicas, donde sean médicos designados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los que resuelvan conflictos que ciertamente le corresponde resolver a un juez especializado en la materia.

El marketing es la especialidad del nuevo gobierno y comenzó utilizarlo a la hora de convencer sobre los beneficios de reinstalar la obligatoriedad de pasar por la comisiones médicas, ello aún, cuando ese circuito ya fue declarado inconstitucional por la CSJN. En consonancia con esto, una artillería mediática salió a defender el proyecto con falsos argumentos; señalando que “hay una industria del juicio” (reiteran hasta el hartazgo tanto medios como políticos afines a la reforma), sin presentar datos estadísticos. Sin embargo, en el año 2016, el volumen total de juicios por accidentes laborales representó el 20% del total de siniestros laborales, lo que echa por tierra cualquier especulación al respecto. Lo cierto es que existe una industria del incumplimiento patronal, siendo esa la única razón por la que se provocan los accidentes y no se encuentra en agenda del gobierno reducir los siniestros elaborando programas de prevención.

El ataque sistemático a los abogados laboralistas se hizo moneda corriente. El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, decía en el programa nocturno Animales Sueltos: “este es el país del curro de los abogados laboralistas que se afanan la plata de las empresas….”(sic). Ahora bien, sin perjuicio de ser ésta una afirmación agraviante, es también falaz porque en rigor de verdad somos los abogados laboralistas y la justicia del trabajo, el ultimo refugio al que recurre el trabajador ante los atropellos patronales y es por eso que se nos demoniza, no vaya a ser cosa que con nuestro accionar logremos revertir la indolencia gobernante dejando en mano de quien corresponde las indemnizaciones.

Volviendo a la reforma de ley de riesgos del trabajo, en diciembre de 2016 el senado, con la complicidad de todos los sectores,  dio media sanción al proyecto de ley. Sin perjuicio de ello, a fines de enero de 2017 –en una muestra más de su arbitrariedad- el presidente, aprovechando el receso judicial firmó un decreto de necesidad y urgencia donde ponía inmediatamente en vigencia, la nueva ley. Tal descabellada decisión -que intentaba frenar los reclamos de los trabajadores desde el día uno del levantamiento de la feria judicial- logro ofuscar a la pasiva oposición, que solicito –con éxito- que la ley se tratara en sesiones extraordinarias. Por lo que la reforma verá la luz probablemente en estos días, contando con el aval del Massismo y  el bloque de Bossio.

El Ministerio de Trabajo cuyo titular ha llegado a manifestar públicamente “entendamos al que despide”, se ha convertido en el lugar estratégico de defensa de políticas  antiobreras y de ajuste. Allí es donde se está gestando una reforma laboral de matriz menemista. El paquete incluye reducción del costo laboral, eliminación de multas que penalizan el empleo en negro, incorporación a las empresas de personas que perciben planes sociales (el plan social será computado como parte del salario del trabajador). Por otro lado, el Ministerio se encuentra realizando acuerdos con las distintas provincias, intentando instalar instancias de conciliación previas y obligatorias para dilatar de esta forma un rápido acceso a la justicia por parte del trabajador.

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Asimismo, el rol del Estado injiriendo a favor del empresariado se ha visibilizado con la intervención directa del gobierno en dos casos emblemáticos en paritarias del sector privado: por un lado el de petroleros, donde se logro una vergonzosa flexibilización laboral del sector, con una reducción salarial de hasta el 50%, ampliación de jornadas de trabajo a 12 horas diarias y reducción de trabajadores. Por otra parte, la paritaria de Bancarios que luego de haber firmado un aumento salarial con las respectivas cámaras del sector, el ministro de Trabajo ordenó no abonar. Aún así algunos bancos provinciales y el banco cooperativo Credicoop desoyeron la bajada de línea ministerial y cumplieron lo que habían firmado, pero el resto de los bancos incumplió el acuerdo. El gremio recurrió a la justicia en razón del incumplimiento empresarial y la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordeno cumplir con el acuerdo celebrado, indicando al Estado nacional a no interferir en el cumplimiento del acuerdo.

La CSJN por su parte, último estamento de control de constitucionalidad, jugará un papel preponderante en el nuevo esquema político.  Será ella quien convalide o rechace las políticas flexibilizadoras. Las expectativas no son alentadoras, a juzgar por los antecedentes más recientes. A mediados del año 2016, la Corte firmo dos fallos contrarios a los intereses de los trabajadores. Uno entiende que la huelga no es de todos los trabajadores sino únicamente de los que se encuentran sindicalizados, y en el otro  interpreta que no debe aplicarse un índice de actualización y un adicional del 20% en casos de accidentes de trabajos.

La dictadura cívico-militar, el menemismo y la Alianza, destruyeron las históricas conquistas del movimiento obrero, fueron tres décadas de desregulación laboral y privatización de los organismos de la seguridad social. A partir del año 2003 se adopto como política de estado la protección del trabajo, 182 leyes fueron necesarias para devolverle la dignidad al trabajador, entre ellas la recuperación de paritarias, Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, prohibición de emplear menores de 16 años. La lista es interminable. Lo paradójico es que al mismo tiempo que se recuperaban derechos, crecía el empleo a niveles nunca antes registrados.

La actualidad nos muestra un contexto adverso a los trabajadores, similar al de la década perdida, que únicamente se podrá revertir con organización y movilización. La punta de lanza han sido los docentes y trabajadores bancarios, quienes con unidad y lucha vienen demostrando que sus derechos y dignidad no son negociables, en definitiva y como dice un dirigente cooperativista “El límite del ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados”.

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Texto: Maximiliano Villa – abogado laboralista

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