Una corte derecha y humana

Gustavo López, ex subsecretario general de la presidencia y fundador del partido FORJA, resaltó el peligro para la libertad de expresión y la continuidad del sistema democrático que se esconde tras el fallo supremo que desconoce la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, de paso, condena a dos periodistas por ejercer su derecho a buscar y difundir información.

“Este modelo ataca al corazón mismo de la democracia”

Texto: y


 

En julio de 1976, un grupo de tareas ingresó a la iglesia de San Patricio en el barrio porteño de Belgrano, donde había además un seminario, es decir, una escuela donde se estudiaba el sacerdocio católico. Esa noche, asesinaron a mansalva a 3 sacerdotes y tres seminaristas, no bien comenzaba la dictadura militar. Inmediatamente las sospechas por la muerte de estos eclesiásticos, que habían tomado lo que hoy se conoce como “opción por los pobres”, recayó en los grupos de tareas del gobierno de facto. En la década del 90, Eduardo Kimel, un periodista ya fallecido, escribió un libro que se llamó “La masacre de San Patricio”; en el que detalló con mucha precisión que el juez que había intervenido en la causa, no había hecho absolutamente nada para encontrar a los asesinos. Pero el magistrado se sintió ofendido en su honor y le inició una querella por calumnias e injurias por la que Kimel fue condenado en primera instancia, absuelto en segunda y vuelto a condenar por la Corte Suprema de de la mayoría automática a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización de 50 mil dólares al juez. Es decir que 20 años después del asesinato, exactamente en julio de 1996, el único condenado era el periodista que había escrito el libro.

 

 

Tras el vergonzoso laudo supremo y con ayuda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo incluído en nuestra constitución a través del Pacto de San José de Costa Rica. Ésta determinó, después de un pormenorizado análisis de la cuestión, que el fallo argentino era violatorio del artículo número 13 de la Convención Americana de DDHH, que plantea el derecho a dar, buscar y recibir información. En el año 2011, la corte interamericana planteó que Eduardo Kimel no sólo no había cometido delito alguno, sino que cuando se enfrentan el derecho a la información con el del honor de las personas, siempre debe primar la libertad de expresión. Ya que éste es un derecho humano básico y, en todo caso, siempre hay maneras de reparar en caso de ser necesario, el buen nombre de las personas involucradas. Por otro lado, resalta que esta afectación no era tal en ese caso, ya que el periodista no había calumniado al juez de forma alguna, sino que simplemente había buscado y difundido información. En este caso la justicia también llegó tarde, ya que Kimel murió antes de conocer el fallo, condenado por una corte vergonzosa que sirve aún como ejemplo del grado de corrupción del que es capaz nuestro poder judicial.

 

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El impacto de la decisión de la CIDH, determinó en ese momento que sus fallos eran de cumplimiento obligatorio y recomendaba eliminar las calumnias e injurias del Código Penal cuando se tratara de hechos de interés público. En el año 2012, la presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto al congreso por el que eliminó ese tipo penal respecto de los periodistas, por lo que cualquiera puede decir cualquier cosa que no va a ser perseguido por sus afirmaciones. Es decir, Kimel fue absuelto y el estado le tuvo que pagar una indemnización a sus hijos. Quedó claro que hay un derecho que es superior, que es de la libertad de expresión, porque es un derecho humano básico y que además, como consecuencia de todo esto, los periodistas ya no son perseguidos en la Argentina.

 

Ayer la Corte Suprema de Justicia sacó un fallo diciendo exactamente lo contrario, también en un tema de libertad de expresión, donde Fontevecchia y D’amico habían sido condenados a pagarle una indemnización a Carlos Saúl Menem por la corte de la mayoría automática, porque habían revelado que le correspondía la paternidad de su hijo Carlos Munir. Pese a que la CIDH planteó la inexistencia de delito y llamó a rectificar el fallo, los cortesanos argentinos dijeron que no reconocen ningún tribunal superior, por lo que van a ser ellos los que van a determinar en qué casos los fallos de la Corte Interamericana aplican y cuáles no. Es decir, volvemos a estar a merced de un tribunal que puede fallar cualquier cosa como ocurrió en el caso Kimel; el sistema interamericano de justicia consignado en nuestra constitución queda subordinado a la voluntad de cinco iluminados; y además se le adelantó al bloque del Frente Para la Victoria (FPV) que esta posición, donde los DDHH quedan subordinados a otras ramas del derecho, es la posición del juez Horacio Rosatti. Queda cada día más claro que este modelo no sólo afecta intereses económicos, sino que ataca al corazón mismo de la democracia.

 

lopez

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