Sedición en diciembre, el mes de los saqueos

"Ahora no podemos, estamos de paro"

La polícia: la más arcaica y antidemocrática

Texto:
Ilustración: Maite Larumbe


Por Sebastián Cazón

Córdoba, 3 de diciembre de 2013. Unas 50 personas arrasan las góndolas de un supermercado en el sur de la capital. No tienen tiempo que perder, los segundos apremian. Agarran lo que encuentran y se lo llevan. A un par de cuadras está, la comisaria. El teléfono no para de sonar. Por casualidad alguien contesta: “Ahora no podemos, estamos de paro”.
A las 6 de la mañana un grupo de 300 policías se había acuartelado en el Comando de Acción Preventiva del barrio Cerveceros. Demandaban un salario mínimo de 13 mil pesos y mejorar otros aspectos de sus condiciones laborales. Con el correr de las horas la protesta había ido expandiéndose. Para la tarde casi la totalidad de la policía provincial había adherido al reclamo. Hacía unos días la fuerza había sufrido su descabezamiento: estaba sospechada de formar parte de una red de narcotráfico. Llegada la madrugada más de 150 comercios habían sido saqueados. También casas y departamentos. La policía acuartelada. En la calle se respiraba miedo. ¿El gobernador De la Sota? En Panamá. Y lo que empezó con una huelga de efectivos cordobeses orquestada a través de una cadena de mensajes de texto derivó en una serie de protestas que se replicaron en casi todo el país. 21 provincias en estado de alerta. Saqueos al por mayor. Vecinos construyendo barricadas. Comerciantes impartiendo justicia por mano propia. 18 muertos y la estabilidad institucional puesta en jaque como nunca antes durante el kirchnerismo.

¿Y ahora quién podrá defendernos?

Las protestas policiales desatadas en diciembre de 2013 evidenciaron dos aristas: en primer lugar, el poder de fuego de las fuerzas de seguridad y el vigor de esta estructura corporativa que si se lo propone tiene la capacidad concreta para conducir procesos de desestabilización de las instituciones democráticas; en segundo lugar, la nula vocación de la dirigencia política de encarar el complejo e incómodo debate acerca de las condiciones laborales de la policía y su posible sindicalización.
Personería gremial.
Se la reclama oficialmente desde 1998. El Congreso no avanzó en ninguno de los siete proyectos existentes. La Corte Suprema está estudiando el tema desde hace 4 años. “En Argentina existen más de 100 sindicatos pero no están reconocidos por el Ministerio de Trabajo”, señala José Carranza, integrante del Sindicato de Policías y Penitenciarios. Desde la cartera laboral, el abogado Norberto Ciaravino plantea que están a favor de proteger los intereses de los trabajadores pero consideran que “el elemento idóneo no es la ley de asociaciones profesionales en los términos en que está concebida actualmente” porque ciertos derechos como el de huelga y la inamovilidad “podrían obstaculizar muy seriamente el ejercicio de la función policial”. Lo que plantea el Ministerio de Trabajo es que debería existir una ley sancionada por el Congreso Nacional que ataña a la especificidad del caso. Ahora, ¿es conveniente que una institución con las responsabilidades de la policía posea legalmente grados de independencia y rebeldía frente a sus empleadores, en este caso, el Estado?

Posturas: el juego de las diferencias.

Raúl Eugenio Zaffaroni argumenta: “Es un derecho constitucional. Deben tener la posibilidad de organizarse para poder discutir horizontalmente sus condiciones de trabajo y exigir sus derechos como cualquier trabajador, excepto el derecho a huelga. Hay que desmilitarizar la institución policial y permitir su sindicalización”.
Alejandra Gils Carbó responde: “No debe ser una decisión judicial sino más bien política. Es cierto que el derecho a agremiarse surge de la Constitución Nacional pero un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, al cual Argentina suscribe, establece que los estados no están obligados a reconocerlo en el caso de las fuerzas armadas y de seguridad”.
Aníbal Fernández sentencia: “Es muy complicado. Un secretario general del sindicato va a tener más poder que el propio jefe de la fuerza. La sindicalización podría estar planteada en un país donde haya una profunda descentralización de la policía. Pero estamos a años luz de una iniciativa de esas características”.
En este último punto confluyen las distintas posturas: en la necesidad de descentralizar las fuerzas de seguridad. Crear policías más pequeñas, municipales o comunitarias que se aboquen a perseguir los delitos comunes. Policías con mayor cercanía a la ciudadanía y más fáciles de controlar. Y destinar a policías con estructuras más grandes para que lleven a cabo investigaciones de delitos complejos, como el narcotráfico y la trata de personas.

El debate por el modelo

Repensar qué tipo de policía queremos es una de las grandes de las deudas de la democracia: si una militar con una estructura verticalista y doctrinariamente anacrónica o una civil con una organización horizontal y mayor proximidad a la ciudadanía.
Hoy la institución es un monstruo gigante, pesado, precarizado y deteriorado, con peligrosos grados de autonomía y desobediencia del poder político, que en gran medida está vinculada al mismo delito que combate. Una reforma integral de la estructura policial implica romper el contrato que mantiene con la clase política que le permite asociarse e integrar organizaciones criminales con el fin recaudar fondos a cambio de no alterar la gobernabilidad de turno. Accionar en este sentido implica, al mismo tiempo, prosperar en la lucha contra la violencia institucional, contra los apremios ilegales que están más cerca de la brutalidad de los procesos dictatoriales que de una sociedad moderna.

¡Que los cumplas feliz!

10 de diciembre de 2015. Se celebra un nuevo cumpleaños de la flamante democracia argentina. Un sistema que se ha ido robusteciendo a lo largo de los años, que naturalizó el traspaso de mando de una gestión a otra y que supo resolver las crisis políticas y económicas con las herramientas de las instituciones democráticas. Pero que evidentemente tiene una policía que autónomamente se activa a sus espaldas y asoma en episodios de desestabilización como en la salida anticipada de De la Rúa en 2001, los crímenes de Kosteki y Santillán durante la presidencia de Duhalde en 2002 y las jornadas de huelga y saqueos en 2013. Una institución, además, que está sospechada de la desaparición de Julio López, la muerte de Luciano Arruga y cientos de casos que no tienen la oportunidad de alcanzar la masividad de los grandes medios. Preservar la democracia implica repensarla incesantemente, exigirle su perfeccionamiento y el de sus instituciones. En este caso la policía, la más arcaica y antidemocrática.

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