Talleres y trabajadores esclavos

Miles de personas llegan engañadas año tras año a la Argentina para trabajar en talleres de costura donde son esclavizadas. En este informe explicamos cómo es la situación con una historia real y realizamos un recorrido por la trama que vincula marcas, funcionarios y policías.

Informe especial : “Clandestinos”

Texto:
Ilustración: Véronique Pestoni


Miles de personas llegan engañadas año tras año a la Argentina para trabajar en talleres de costura donde son esclavizadas. Ya son tantas las víctimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que podrían llenar medio Estadio Ciudad de La Plata. En este informe explicamos cómo es la situación con una historia real y realizamos un recorrido por la trama que vincula marcas, funcionarios y policías. Además, entrevistamos a dos especialistas en el tema: Edgardo Castro (Inspector de Trabajo de la Ciudad) y Gustavo Vera (legislador porteño y titular de La Alameda).


referencia baja_armado cuervo cabezaI. Una sobreviviente
Cuando Minerva llegó a Plaza Constitución con su hijo en brazos sabía que estaba en la calle Brasil sólo porque lo leyó en un cartel. El buzo que tenía lo usó para abrigar al niño que, al igual que ella, no dejaba de toser. Desde ahí caminó hasta un kiosco donde pidió hacer un llamado que no podía pagar. “Hola, Daniel, soy Minerva”, dijo, pero del otro lado lo atendió la madre de la persona que buscaba. Ese hombre al que ella recurrió es el padre de su hijo, con quien tuvo un fugaz amorío en Oruro, su pueblo.

Entre lágrimas le contó que una “paisana” le había prometido que si viajaba a la Argentina podía ganar US$ 300 por mes porque “los empleados textiles están muy bien”. Ella aceptó el trabajo de “ayudante de costura” porque así podría juntar dinero, tener un mejor porvenir y encontrar al padre de su hijo. En un primer momento le pusieron como condición que viajara sola, pero rápidamente cedieron. No fue por buena voluntad, sino porque podrían cobrarle dos viajes y el doble en “otros conceptos” cuando llegue al taller.

Se subió al micro y pasó el cruce Villazón-La Quiaca, frontera entre Argentina y Bolivia, sin mayores problemas y con documentos en mano pero, llegando a Rosario, todo cambió. Cuando pararon en una estación de servicio quiso bajar para ir al baño y la siguieron, le quitaron los documentos y empezaron a tratarlos a todos como “bolivianos de mierda” porque “ellos entendían”. A las diez de la noche llegaron a una casa ubicada en Flores, Capital Federal, y el infierno tomó forma.

“A las dos de la mañana se tienen que levantar porque hay que trabajar”, les explicaron increpándolos. Minerva ya no entendía de qué se trataba, pero obedeció y se fue a dormir a una pieza que más bien parecía un depósito de chatarra, con máquinas ocupando todos los espacios y sin ventanas que ayudaran a respirar. Ese sería su hábitat durante el siguiente año.

Desde el mismo momento en que llegaron les explicaron las reglas que regían ahí adentro: “Son animales que para lo único que sirven es para trabajar”, afirmaron humillándolos. Las jornadas se hacían interminables: para algunos duraban entre 20 y 24 horas; para Minerva, porque tenía que amamantar a su hijo, eran de 12. Su “beneficio” era la media jornada, unos cuantos pañales para el bebé cada tanto y un litro de leche por semana.

Ese estado de salvajismo al que sometieron a todos los trabajadores esclavos no conocía límites. Comían sólo dos veces por día, con una dieta basada en té y pan que algunos mediodías se daba el lujo de sumar una ensalada. Bañarse era casi impensable: había una sola ducha para más de 15 personas y tiempo limitado, que Minerva usaba para su hijo. El resultado fue que pudo tomar un sólo baño en todo el año que estuvo allí.

Minerva estaba flaca y pasaba el día torcida sobre una máquina de coser. Parecía raquítica y lloraba todas las noches. Su bebé corría la misma suerte y ni siquiera conseguía un buen alimento en las mamas de su madre, a quien ya casi no le quedaban vitaminas en el cuerpo. Lo mismo le pasaba a todos los demás, que no pensaban en escapar por el terror que les infundían los esclavistas. Les decían que, como no tenían documentos, si intentaban irse los iba a detener la policía.

Los domingos salían de a uno a un parque durante quince minutos pero dos personas los vigilaban para que no intentaran fugarse. Minerva se sentaba en un banco de plaza a llorar. Para los demás transeúntes parecía una mendiga que esperaba ayuda de todo el que pase. Mientras su hijo lloraba de hambre, algunas personas se acercaban a darle unas galletitas o pan. Por el miedo no le salía contarles lo que vivía.

Un día el taller ganó mucho dinero y sus dueños lo festejaron emborrachándose. Era el momento para irse. “Me decían que me iban a matar, pero yo prefería morir por ellos, de hambre o de frío antes que seguir ahí”, explicó Minerva y recordó cuando abrazó a su hijo, sacó los documentos de una oficina no vigilada y se fue mientras su patrón paseaba al perro con la puerta abierta.
Corrió hasta ver gente y pidió ayuda. No quería ir a la policía porque “los defiende a ellos”, a los esclavistas. Una mujer le dio de comer, ropa para abrigarse y la dejó dormir. A las cinco de la mañana se despertó sobresaltada y escapó con su bebé por segunda vez en pocas horas, para correr hasta Constitución y hacer el llamado salvador.

Cuando llegaron los abuelos de su hijo la encontraron sentada en un banco, demacrada y harapienta. Los dos, Minerva y el niño, no dejaban de temblar, y casi sin decirlo pedían un médico. Tenían neumonía combinada con bajo peso y pasaron varias semanas hasta que se recuperaron.
Los fantasmas reviven cada vez que sale a la calle, porque su barrio está lleno de talleres a donde la invitan a trabajar. Ella se niega y sueña con llegar a Bolivia antes de fin de año. Será primero ir a Santa Cruz y después a Oruro, su pueblo. Los viajes saldrán de sus ahorros porque la Embajada de su país aún no le brinda una respuesta.

Los trabajadores esclavos comían sólo dos veces por día, con una dieta basada en té y pan.

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II. Las cárceles donde hacen ropa
El incendio del taller textil clandestino ocurrido el 27 de abril en la calle Páez, en Flores, abrió nuevamente un viejo debate: por qué siguen existiendo lugares donde trabajadores fabrican prendas de vestir en condiciones de esclavitud. La historia de Minerva no es un cuento ni un relato ficticio, sino los pesares que vivió una joven cuando llegó desde Bolivia buscando un futuro mejor.

Hace nueve años un siniestro en un taller de la calle Luis Viale dejó seis muertos, cuatro de ellos niños, e hizo explicita la existencia de estos lugares. “En la Ciudad de Buenos Aires hay tres mil talleres como mínimo pero, para nosotros, son muchos más. Estamos dando una cifra totalmente conservadora”, explicó a Hamartia el legislador y representante de la organización La Alameda, Gustavo Vera, quien a la vez aseguró que en la zona de la calle Avellaneda son alrededor de 1200.

La forma de trabajo en esos lugares va desde la precariedad al esclavismo. La gravedad del hecho radica, según afirmó Vera, en que el 78% de la indumentaria que se confecciona en el país proviene de talleres de ese tipo. Para el Inspector de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires Edgardo Castro, casi la totalidad de la ropa que se utiliza en la Capital Federal tiene origen esclavo. La regla en todos los lugares es la misma: la vulneración absoluta de los derechos laborales y civiles de las personas que allí viven.

“Esto existe porque es el único producto argentino a precio chino. Una remera que sale $5 o $10 en un taller ilegal, se vende a $500 o $600 en un shopping. Las ganancias son fenomenales”, expresó Castro y explicó que generalmente se utiliza la modalidad de “cooperativa de trabajo” para esconder la ilegalidad del asunto.

Una anécdota puede ser más gráfica: en una ocasión Castro llegó a un taller en Flores y lo atendió una trabajadora que le dijo que se trataba de una cooperativa. Ante la insistencia del inspector, la empleada explicó que una persona iba cada dos semanas a pagarles y que, si existía un estatuto, ella no lo conocía. En ese momento se procedió a la clausura, pero el taller siguió funcionando por la connivencia con esferas de poder más altas.

“La palabra ‘cooperativa’ se ha convertido en un instrumento de doble filo. Puede ser un ejemplo de dignidad como Zanon o puede ser un ejemplo de esclavitud como los talleres clandestinos. Hoy los dueños de los talleres, después del incendio de Paéz, están llamando a los esclavistas a armar cooperativas para disfrazar y disimular”, denunció Vera y aclaró que en la Capital Federal hay alrededor de 25 mil personas en esta situación, mientras que la cifra crece 12 veces si se toman en cuenta a otras provincias.

Al igual que en Luis Viale, el taller de Páez ardió en llamas y se llevó la vida de varias personas. Es una situación común, según explicaron los especialistas, ya que la gran mayoría de los establecimientos contienen material inflamable, no tienen salidas de emergencia y no cuentan con ventilación. “En este momento hay una situación Cromañón a la vuelta de cualquier esquina”, reflexionó Vera y denunció que muchas veces se producen incendios que no toman estado público.

Sin embargo, las muertes no son sólo a causa del fuego: la pésima alimentación, la falta de ventilación, el poco contacto con la luz solar y ambientes abiertos, el hacinamiento, las nulas condiciones higiénicas, la falta de controles médicos y el polvillo propio del trabajo con tela causan que a los hospitales de la zona sur de Capital Federal lleguen decenas de personas, en su mayoría costureros bolivianos, con graves problemas pulmonares. La neumonía y la tuberculosis van a la cabeza en el ranking de enfermedades.

Uno de los puntos más críticos llega cuando se revisa para quiénes trabajan esos talleres. La Alameda elaboró un listado de 117 marcas que en alguno de los escalones de producción contienen trabajo esclavo. Si ese listado no es más amplio es porque la organización aún no recibió ni pudo formular más denuncias.

Sin embargo, todas las empresas textiles tuvieron la oportunidad de poner en valor su producción: como respuesta al incendio del taller de Luis Viale, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) lanzó un programa voluntario de certificación para que las marcas auditen su cadena de producción y la muestren libre de trabajo esclavo. Los requisitos mínimos eran demostrar la ausencia de trabajo infantil, forzado o no registrado, y adecuadas condiciones de higiene y seguridad. De las cien empresas que se presentaron, salvo OMBU, todas desistieron y no llegaron al final. Según publicaron diversos medios periodísticos, la producción clandestina abarca a primeras marcas, tanto nacionales como internacionales, ropa de colegios privados e incluso uniformes de la Policía Metropolitana.

Detrás de todo esto, según explicó Castro, habría una maniobra finamente elaborada para blanquearlo: los nexos entre las marcas y los talleres buscan empresas pequeñas con poca capacidad de producción, le venden los productos a un precio muy bajo y se lo compran por otro un poco más alto. En la misma sintonía, Vera aseguró: “Las marcas suelen disimular a parte de sus proveedores. Lo que normalmente registran son a los intermediarios, que aparecen como supuestos proveedores pero, en realidad, no son más que contactos entre la marca y los talleres clandestinos que confeccionan las prendas”. Pese al laberinto que intentan demarcar, según la Ley de Trabajo a Domicilio (12.713), los empresarios, intermediarios y talleristas son solidariamente responsables por la seguridad de los obreros.

Casi la totalidad de la ropa que se utiliza en la Capital Federal tiene origen esclavo.

La Alameda elaboró un listado de 117 marcas que en alguno de los escalones de producción contienen trabajo esclavo.

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III. Los funcionarios y el siga siga

“Hay una red de encubrimiento masiva de todos los Estados, a través de coimas que sistemáticamente reciben las fuerzas de seguridad y los inspectores”, denunció Gustavo Vera y especificó que “hay algunas comisarías que por caja negra recaudan tres o cuatro millones de pesos por mes. Esto no queda solamente para la comisaría, sino que se dirige también a sectores de la Justicia y a sectores de la política a cambio de encubrir”.

Más explícita fue una fuente que prefirió no revelar su identidad cuando aseguró que “al que no se mete bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad se los inspecciona y se lo revienta. Juan José Gómez Centurión (el director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control) está haciendo inspecciones de los talleres que no son amigos, que no están bajo la estructura avalada por funcionarios, para apretar a la comunidad boliviana y para que los que están fuera de la estructura se incorporen al circuito mafioso. Es decir ‘o te subordinas o sos boleta’”.

Al respecto, Vera también apuntó a Gómez Centurión, al director general de Protección del Trabajo Fernando Macchi y al subsecretario de Trabajo Ezequiel Sabor: “Estos tipos tendrían que haber renunciado y haberse puesto a disposición de la Justicia. Sobre todo teniendo en cuenta que ya sabían perfectamente dónde estaba ubicado el taller de Páez y que estaba denunciado por trata. Lo que hay por parte del gobierno del PRO es una actitud de encubrimiento mafioso, que habitualmente se llama ‘código de omertá’ (el silencio para proteger a alguien de la propia ‘familia’)”.

Castro declaró que “cuando La Alameda pasa un listado de talleres clandestinos hay funcionarios que se lo dan a los intermediarios esclavistas. Entonces no te abren más la puerta y a los que te abren ya sabés que no son de ellos”. El resultado, explicó el inspector, es que “de diez inspecciones, cinco no abrieron la puerta, tres estaban en condiciones, uno estaba regular y uno era un desastre. O sea que sobre diez inspecciones, en realidad hiciste una sola donde encontraste un objetivo ilegal. Entonces dicen ‘clausuramos un taller’, que si lo agarraron es porque era lo más marginal de lo marginal”.

El mecanismo de encubrimiento se basaría, según testimonios e informaciones publicadas en diversos medios, en la desaparición o duplicación de actas. “Hacían actas paralelas y desaparecían las que no les convenían. Ahí fueron las mías y de muchos compañeros”, se explayó el inspector y agregó que “como algunas no podían desaparecer, mandaban a otra persona a que hiciera un acta con el mismo número en otro lado. Yo la hacía en Iron Mountain y otro la hacía en un taller amigo”.

Una cámara oculta que realizó el propio Castro realizó y fue difundida por la agencia Télam es ilustrativa de esta situación. Allí se ve al coordinador de Higiene y Seguridad, Fernando Cohen, explicando que los laboratorios Beta no se pudieron clausurar porque eran de un amigo de Mauricio Macri, quien llamó en persona para impedir la inhabilitación. En el mismo video, en una situación similar, se nombra a Ramón Chozas, una gráfica que trabaja habitualmente para el gobierno porteño.

Hace dos años el Gobierno de la Ciudad intentó desmantelar por decreto el cuerpo de inspectores de la Subsecretaría de Trabajo para traspasar a los cien empleados a la Agencia Gubernamental de Control, cuyas competencias son diferentes. El riesgo era, principalmente, quitar al área el poder de policía para clausurar inmuebles que no cumplieran con las reglas mínimas. Los trabajadores se opusieron y la Justicia les dio la razón. La disputa entre las dos áreas se daría en que mientras una habilitaba, la otro podía clausurar, lo que generaría un “choque de negocios”. Para solucionar todo sin cambios institucionales se habría comenzado a trabajar con inspectores “levanta clausuras”, tal como publicó el diario Tiempo Argentino el último 31 de mayo.

“Cuando estalla el escándalo se ven obligados a ir a poner una faja y clausurar, pero cuando baja la marea mediática el lugar se vuelve a abrir”, puntualizó Vera y enfatizó: “En el caso de Páez tenés un manual clásico de cómo actúa un Estado mafioso. Se incendia el taller, que ya estaba previamente denunciado. Una vez incendiado queda bajo custodia del Juzgado Federal, que pone a la misma comisaría coimeada a protegerlo. A la otra semana se incendia otra vez y desaparecen todas las evidencias que tienen que ver con etiqueta, diseño y remitos que conducen a la marca. Así destruyeron las pruebas e imposibilitaron que haya justicia”.

“Hay algunas comisarías que por caja negra recaudan tres o cuatro millones de pesos por mes.”


El mecanismo de encubrimiento se basaría, según testimonios e informaciones publicadas en diversos medios, en la desaparición o duplicación de actas.


“Cuando estalla el escándalo se ven obligados a ir a poner una faja y clausurar, pero cuando baja la marea mediática el lugar se vuelve a abrir.”

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IV. Páez, el último de los talleres quemados
El taller que se incendió el 27 de abril había sido denunciado el 24 de septiembre de 2014, junto con otros tres que funcionan en la misma manzana y dos en la de enfrente. Sin embargo, el taller de Páez no se inspeccionó ni se clausuró. El costo de tal “impericia” fue la vida de dos niños, que según su padre, jugaban ahí mientras otras personas trabajaban cosiendo.

Se especula que el segundo incendio ocurrió porque sus autores pudieron ingresar a la vivienda por una medianera lateral, que da a un inmueble de los mismos dueños del taller. El lugar no tenía ni gas ni luz en ese momento, lo que refuerza la hipótesis de intencionalidad. Cuando se produjo el primer siniestro tampoco tenía los servicios funcionando y lo que originó las llamas fueron las velas con las que se iluminaban mientras trabajaban.

Por su parte, Esteban Mur, el padre de los dos niños que murieron, afirmo que “nunca vinieron a realizar una inspección desde el Gobierno de la Ciudad, ni tampoco nuestro empleador nos ofreció pasar a estar en blanco. Al contrario, más bien nos exigía siempre un poco más”. A su vez, Mur denunció que “nuestros productos se vendían al exterior, en los shoppings más caros y también en La Salada”, desenmascarando una industria negra sin límites.

Gustavo Vera acusó al Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido (SOIVA) de “estar dirigido por una burocracia espantosa que también colabora con el curro y el encubrimiento de todo este tipo de miserias” y explicó que “la Cámara de la Indumentaria Argentina es la que agrupa a las marcas que habitualmente están denunciadas por trabajo esclavo”.

El legislador manifestó que “cuando ocurren situaciones como la de Páez se empiezan a crear muchos sellos de goma que después desaparecen y vuelve todo a su común anormalidad. Cuando baja la marea mediática vuelven a hacer exactamente lo mismo que venían haciendo. Y creo que después de casi nueve años, con Luis Viale no se aprendió nada. No hubo ningún detenido, ni tallerista, ni dueño de marca, ni inspector, absolutamente nadie”.

El taller que se incendió el 27 de abril (y que costó la vida de dos niños) había sido denunciado el 24 de septiembre de 2014, junto con otros tres que funcionan en la misma manzana y dos en la de enfrente.

“El taller de Paéz no tenía ni gas ni luz, lo que refuerza la hipótesis de intencionalidad al menos en el segundo incendio.”

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V. Iron Mountain y las similitudes
Cabe preguntarse si hay casualidades u operatorias que se repiten por un accionar mafioso como explicó Gustavo Vera. Lo cierto es que el taller de Páez se incendió dos veces y se quemaron las pruebas. Lo mismo pasó con Iron Mountain, que no fue clausurado cuando lo pidieron los inspectores. ¿Fatalidades del destino?, pero en el siniestro de Iron Mountain supuestamente se fueron pruebas del lavado de dinero del banco HSBC, donde trabajaba Francisco Cabrera, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad.

El doble incendio “es el mismo mecanismo”, sentenció Castro y recordó que, si se habla de complicidad entre Iron Mountain y el gobierno porteño, no se puede pasar por alto que “tuvieron que modificar la Ley 2792 para que Iron Mountain quedara abarcado por el área de polo tecnológico cuando no aporta ninguna tecnología. Es porque están asociados”.

“Iron Mountain se clausura y después se levanta”, recordó el inspector y denunció: “Le pongo las dos fajas de clausura y voy a buscar la disposición. La disposición puede ser que el director te otorgue la clausura o no, para que vos no abuses de poder o para avalar tu accionar si es correcto. Acá no contestaron ni por ‘sí’ ni por ‘no’. Por ‘no’ no podían contestar porque el acta era contundente y por ‘sí’ no podían hacerlo porque eran amigos de Iron Mountain. Entonces desaparecieron las actuaciones”.

Tales desapariciones fueron reconocidas en una cámara oculta que le hizo Castro al ex director general de Protección del Trabajo de la Ciudad, donde afirma que se hacen 25 mil actas por año y que se encontraron más de 70 mil expedientes tirados. La cifra de actas anuales resulta irrisoria si se tiene en cuenta que, según constató Hamartia a través del inspector consultado, entre abril y septiembre de 2013 se labraron 20 mil actas.

Otros casos resonantes donde los pedidos de clausura fueron desestimados se dieron en laboratorios Beta y en Ramón Chozas, como ya se mencionó. En el caso de la última, Castro explicó que les labró tres actas de infracción y solicitó la clausura, algo que no ocurrió. “Como no podían hacer otro acta, mandaron a una compañera para que hiciera un informe técnico en lugar de un acta. Eso es un acto ilegal, porque si tenía que revalidar el acta tenía que volver a pedir la clausura. Y la compañera revalidó todo lo que yo dije. Esto es un acto ilegal, porque le dicen a la inspectora: ‘¿Usted por qué no hizo un acta si fue al sitio?’ Era para apretarla a ella. Y si salgo a hablar la mando en cana”, denunció.

“Así manejan todo y así desaparecen las actas, es una matriz. Así como funcionó para Iron Mountain, en los talleres clandestinos se maneja la misma situación”, reveló duramente Castro, quien ya no teme por sus palabras porque la Justicia ratificó su puesto laboral. Pese a que intentaron despedirlo con el argumento de que faltaba a trabajar, las actas firmadas por él demuestran lo contrario. Sí, intentaron echar a un Inspector de Trabajo por clausurar.

“Así manejan todo y así desaparecen las actas, es una matriz. Así como funcionó para Iron Mountain, en los talleres clandestinos se maneja la misma situación.”

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