Una historia de encubrimientos y traiciones

El 18 de julio de 1994 la Argentina y el pueblo judío vivieron uno de los peores atentados de sus historias. La explosión recordaba lo que dos años antes había sido el estallido de la Embajada de Israel.

Causa Amia | Informe Central

Texto:
Ilustración: Matías Chenzo


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El atentado a la AMIA

Una historia de encubrimientos y traiciones

¿Qué tuvo que ver el tráfico de armas con el atentado a la AMIA? ¿Por qué Israel y Estados Unidos se empeñaron en acusar a Irán?   ¿Por qué se calló la dirigencia judía local? En este informe intentamos aportar respuestas a estos interrogantes.

El 18 de julio de 1994 la Argentina y el pueblo judío vivieron uno de los peores atentados de sus historias. La explosión recordaba lo que dos años antes había sido el estallido de la Embajada de Israel, y traería aparejado un interminable proceso judicial que juntó más de 200 mil fojas y ninguna prueba concreta de quiénes tramaron la agresión.

En ambos atentados se encontraban situaciones similares: la probable vinculación de terroristas sirios e iraníes (aunque la Justicia, el MOSSAD y la CIA sólo se encargaron de los últimos), un edificio en refacción, un misterioso volquete colocado minutos antes de la explosión, un supuesto coche bomba, el silencio de la dirigencia judía local y la complicidad del menemismo. Por detrás de las investigaciones circuló la versión de que todo era un ajuste de cuentas del gobierno sirio a Menem. Tampoco se pudo descartar que fuera una devolución de Hezbollah a Israel tras el asesinato de Abbas al-Musawi, un alto mando de la organización libanesa. Hezbollah, sin embargo, nunca se ha adjudicado un atentado terrotista.


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El MENEMATO y el mundo árabe
El principio de la historia se remonta a meses antes de las elecciones presidenciales de 1989, cuando Menem se disputaba con Antonio Cafiero ser el representante justicialista en los comicios nacionales.

En 1988 el riojano viajó a Siria, lugar de procedencia de su familia y de muchos amigos. Según publicó Gabriela Cerruti en “El Jefe”, Menem le propuso a Hafez al-Asad, presidente de Siria, mantener una línea directa a través de su cuñada Amalia Beatriz “Amira” Yoma. Menem le recordó al mandatario sirio que ella hablaba perfectamente árabe y que era una militante del partido Baas, que hace más de cuatro décadas gobierna el país arábigo. Al-Asad le habría pedido a Menem que nombrara a Ibrahim Al Ibrahim, miembro de su servicio de inteligencia y marido de Amira, como director de la Aduana en Ezeiza. Con Menem en la Presidencia, Ibrahim se naturalizó argentino y comenzó a trabajar muy cerca del empresario Alfredo Yabrán.

Al Assad y Menem se reunieron en Damasco tres veces, y el ex Presidente argentino participó en dos fiestas en las que estuvo el traficante de armas Monzer Al Kassar. En su libro “Brindando sobre los escombros”, Horacio Lutzky afirma que Al Kassar, en compañía de Yabrán, visitó las instalaciones argentinas donde se construía el Misíl Cóndor. Al mismo tiempo, cada uno de los viajes de Menem significaban nuevas reuniones con autoridades árabes que tenían sus planes nucleares vedados por Estados Unidos. Menem consiguió un aporte a su campaña de 40 millones de dólares que no llegaban solos: una vez en la Presidencia debía entregar a Libia el misil Cóndor y a Siria e Irán tecnología nuclear.

Sin embargo, cuando Menem llegó a la Presidencia intentó acercarse a Estados Unidos y a Gran Bretaña por medio de la dirigencia judía local. Lentamente se fue gestando la furia siria, que veía cómo sus pretensiones se iban diluyendo detrás de la occidentalización de Menem. A pesar de todo, Al-Asad había logrado incluir hombres de su Inteligencia en áreas claves del gobierno argentino, como la seguridad y las exportaciones.

Menem conocía los riesgos que una traición acarrearía e intentó un plan sin buenos resultados: visitó Israel (la primera vez que un presidente argentino lo hacía) y canceló el proyecto del misil Cóndor para ganar la confianza estadounidense y europea, al tiempo que dejó el camino libre a las redes sirias e iraníes de tráfico de armas y drogas para que se asentaran en Argentina.

La escalada de malestar árabe con Menem iba creciendo y llegó a uno de sus puntos máximos en diciembre de 1991, cuando un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos solicitó que se detenga un embarque con destino a Irán que estaba a minutos de salir del puerto de Campana. Al día siguiente, según relató el periodista Horacio Lutzky, George Bush llamó a Carlos Menem y le pidió que cancelara todos los contratos con Irán.

Los escándalos
El Yomagate fue el descubrimiento de una red heredera de la triangulación durante el Irangate, un caso que mostró al mundo el papel de Estados Unidos como proveedor de armas a Irán y a los Contras nicaragüenses. El Yomagate no fue sólo una red de lavado de dólares provenientes del narcotráfico, sino también de exportación de cocaína hacia Europa.

En pleno desarrollo del Yomagate comenzó a evidenciarse la preocupación de los Estados Unidos por las actividades e influencias de Yabrán, particularmente por el control que ejercía sobre los depósitos fiscales del aeropuerto de Ezeiza. Sumado a esto, el Swiftgate (la denuncia del embajador estadounidense Terrence Todman de que Emir Yoma intentaba coimear a un frigorífico para destrabar un trámite) y el asesinato de María Soledad Morales por allegados al gobernador catamarqueño Ramón Saadi pusieron al gobierno argentino bajo la lupa yanqui.

Amira Yoma fue procesada en julio de 1991 y Menem la removió de su puesto cuando los vínculos con el narcotráfico sirio habían sido expuestos en medios de todo el mundo. En su lugar asumió el hermano del primer mandatario, Munir, que había servido hasta entonces como embajador en la capital siria. Al-Asad y Al Kassar ya consideraban a Menem un traidor.

Quizás la suerte del ex Presidente se terminó de volcar en su contra en febrero de 1992, cuando efectivos israelíes mataron al secretario general de Hezbollah, Abbas Musawi. El odio contra Menem e Israel llevaría, según Lutzky, a encontrar en la Embajada hebrea en Buenos Aires el escenario perfecto para una doble venganza o, como considera el periodista Juan Salinas, a demostrar que las deudas había que pagarlas. Pese a todo, no se puede hablar más que de suposiciones porque las causas del atentado siguen siendo una incógnita.

El menemismo intentó calmar las aguas y acordó con Irán que enviaría cereales al país persa y armas a los musulmanes bosnios, lo que violaba una resolución de la ONU. Fue entonces cuando se produjo el atentado a la Embajada de Israel. Al Kassar fue deportado sin darle tiempo a explicar cómo se había nacionalizado argentino en sólo 24 horas. Años después el traficante reconocería que logró naturalizarse por sus vínculos con Menem.

La AMIA y la pista iraní
El atentado a la Mutual, que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos, fue el peor ataque antisemita desde la Segunda Guerra Mundial. Ante la perplejidad de los ciudadanos, se inició una causa que hoy parece interminable y que tuvo como primer encargado al juez Juan José Galeano.

El caso desde sus inicios tomó un rumbo determinado: el atentado habría sido perpetrado por agentes iraníes. Funcionarios y organismos de Israel y Estados unidos sostuvieron que la primera línea gubernamental de Teherán era la única culpable, al igual que en el caso del atentado a la Embajada de Israel. En la última inauguración del año judicial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti aseguró que el atentado a la sede diplomática “es cosa juzgada”, dando por descontada la responsabilidad de Hezbollah.

No es casual que se plantee exclusivamente la pista iraní. Los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes fueron los más interesados en contar esta historia y fundamentarla con investigaciones secretas. Dichas investigaciones son la base de la acusación en la que, como prueba excluyente, se toman declaraciones de un funcionario opositor iraní, según quien existió una reunión donde se planeó el atentado. Las versiones desconocieron que Hezbollah también tenía relaciones con Siria.

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La Trafic blanca
Los caminos que conducían a la familia Menem fueron abandonados por Galeano para privilegiar la pista que llevaba al Agregado Cultural en la embajada iraní en Argentina, Moshen Rabbani, y a miembros de Hezbollah.

El primer elemento que surge de la investigación y tiene conexión con los persas es la misteriosa camioneta Renault Trafic blanca, señalada como el vehículo que supuestamente estalló para destruir la AMIA. El presunto coche-bomba fue estacionado unos días antes en una playa cercana a la Mutual, casi como haciendo todo lo posible para llamar la atención. Curiosamente, quienes se presentaron como los propietarios de la Trafic dejaron en el estacionamiento la dirección de un hotel donde se hospedan funcionarios de la Embajada iraní.

La primera mención sobre la camioneta la hizo el periodista Carlos Bianco, uno de los primeros en llegar tras la explosión. Bianco vio cómo un hombre que se identificó como policía federal juntaba restos del estallido y los guardaba en una bolsa. Ese hombre explicó que recolectaba partes de una Renault Trafic blanca. Sin embargo, el motor y los pedazos del vehículo supuestamente hallados no figuran en el expediente hasta el 25 de julio.

La única persona que afirma haber visto la camioneta es María Nicolasa Romero, una enfermera de la Policía Federal que pasó a pocos metros de la AMIA antes de la explosión. Nicolasa Romero aseguró haber visto una Trafic beige conducida por un hombre de rasgos árabes doblar por la calle Pasteur antes del estallido. De las diez personas que al momento del atentado estaban en condiciones de ver la camioneta, sólo Romero dijo que existió. Su testimonio, a pesar de haber situado al conductor del lado izquierdo o de dar otro color del vehículo, fue tomado como válido por la Justicia en detrimento de las otras declaraciones.

Gabriel Villalba es un testigo clave: al momento del atentado estaba mirando hacia el frente de la AMIA y no vio ninguna camioneta. Viilalba estaba estacionado en doble fila descargando materiales, con la preocupación de que pasara la camioneta Trafic blanca que colocaba “cepos” a los vehículos mal estacionados. Otro testimonio fundamental es el de Daniel Joffe, que minutos antes del estallido salió a reparar su auto en la puerta de la Mutual. Aunque asegura que fue inducido por policías para decir que vio la Trafic, afirmó que la camioneta no existió.

Las autoridades de la DAIA y la AMIA sostuvieron la existencia de la Trafic y se plegaron por completo a la hipótesis oficial. No tuvieron en cuenta que no se peritaron los vehículos que estaban estacionados en la cuadra donde ocurrió el incidente y supusieron que, dado que una persona fue atravesada por un amortiguador, la explosión habría sido causada por un coche-bomba.

El accionar de la Policía Federal a la hora de juntar evidencias y resguardarlas rozó el encubrimiento. Todos los restos de automotores que supuestamente pertenecían al coche bomba fueron recolectados de noche, sin la presencia de testigos y no representaban más de 150 kilos de un vehículo que pesa cerca de dos toneladas.

Según el acta de secuestro firmada por el oficial Lopardo el 25 de julio de 1994, se halló un resto del block del motor que habría sido utilizado para la explosión con su número de serie intacto. Esto permitió a los investigadores determinar el circuito que llevó con el desarmador de autos Carlos Telleldin, su último dueño. En el juicio se puso en duda la veracidad de ese motor cuando Lopardo declaró que esa pieza había sido acercada por personal israelí. Al poner en duda el valor de la principal evidencia, empezó a delinearse el juicio por encubrimiento.

Telleldín fue procesado como el entregador de la camioneta que llevó los explosivos. El acusado, que trabajaba como desarmador de autos, dijo que sufrió un intento de asesinato cuatro días antes del atentado y salvó su vida milagrosamente. Se especuló que la muerte del acusado hubiera sido la forma perfecta de cerrar un círculo en que se culpara de la explosión a un ciudadano con fama de delincuente.

El juez comenzó a investigar a Telleldín cinco días antes de que apareciera el motor entre los escombros, situación inentendible a primera vista. Es muy extraño que el número de motor no hubiera estado limado para hacerlo irreconocible. Además, la empresa que fabrica esas camionetas explicó que las partes presentados como prueba correspondían a diferentes vehículos, que ninguna de las piezas estuvo sometida a temperatura sostenida (el vehículo de Telleldín había sido restaurado tras un incendio) y que los pedazos de chapa tenían la pintura original de fábrica, cuando el vehículo del sospechoso había sido repintado.

Las situaciones irregulares fueron una constante durante y después del atentado. Por ejemplo, resultó prácticamente inexplicable que no hubiera ningún policía en la puerta de la AMIA cuando fue la explosión, siendo que la Mutual tenía custodia fija. Lo mismo había ocurrido en el atentado a la Embajada de Israel. Por otro lado, según consta en el libro de Gabriel Levinas “La ley bajo los escombros”, el peritaje elaborado por el experto estadounidense Charles Hunter explicaba que “teniendo en cuenta que la columna del edificio lindante había sido expulsada hacia afuera de la línea de edificación y que las mercaderías de los locales contiguos habían sido expelidas hacia la calle, lo más probable era que se hubiese tratado de una explosión interna”. Esas palabras fueron cambiadas cuando llegaron a Estados Unidos.

La ruta a Fabricaciones Militares
Semanas antes del atentado, John Pasahi, un agente del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán (MOIS), había pedido explosivos a la fábrica estatal sin una justificación clara. En la misma dirección se había movido Nassib Haddad, dueño de una fábrica de volquetes y profesional de demolición.

La historia del volquete que habría llegado a la puerta de la Mutual momentos antes de la explosión es una de las que más dudas despierta por las inconsistencias que presenta. Al momento del atentado, la AMIA estaba siendo remodelada por el arquitecto Andrés Malamud, que murió tras la explosión. Cuando se revisó el remito de entrega del volquete, se advirtió que la firma de Malamud había sido falsificada y que nunca había consentido la recepción en la Mutual. Para más sospechas, minutos después del estallido, camiones de la empresa de Haddad se presentaron solidariamente para levantar los escombros.

Haddad nació en el Líbano y es primo de uno de los fundadores del Hezbollah. Haddad tenía vínculo con el ex jefe de Fabricaciones Militares, Carlos Franke, dado que solía comprar explosivos. Según afirmó Gabriel Levinas, “Franke y Haddad concuerdan en ocultar una compra anterior (a 1993) de explosivos que coincide en gran medida, cantidad y tipo con los utilizados para la explosión en la AMIA, de acuerdo al informe de los expertos”.

El volquete había salido de las inmediaciones del Puerto Nuevo de Buenos Aires, desde donde se enviaban explosivos y armas a Bosnia. El destino final de un segundo volquete que se encontraba en el camión de transporte era un terreno baldío de Alberto Kanoore Edul, un empresario textil amigo de Menem. Cuando Hadad fue detenido, las gestiones de Franke lograron su liberación.

La sospecha sobre el papel que cumplió Fabricaciones Militares como proveedor de explosivos se profundiza viendo que varios imputados por el tráfico de armas estuvieron también involucrados en la voladura de la planta de Río Tercero. No sería casual que la explosión de la fábrica de productos bélicos hubiera sido tramada para borrar información inconveniente.

Dinero sobre los cuerpos
Cuando ocurrió el atentado, la AMIA y la DAIA compartían el mismo edificio y la máxima autoridad judía en la Argentina era Rubén Beraja, un banquero vinculado con el menemismo que controlaba la señal televisiva Alef Network, donde, según denunciaron sus empleados, censuraba cualquier opinión alternativa sobre los atentados.

Es conocida la existencia de negocios entre las más altas autoridades judías y el menemismo. Existen denuncias públicas que marcan que Beraja negoció una actitud pasiva y controlada de la querella a cambio de ayuda financiera del Banco Central al Banco Mayo, que él manejaba. Según Levinas: “Desde el atentado hasta junio de 1997, el Banco había crecido más de 14 veces, había recibido cifras enormes de dinero del Banco Central a tasas absolutamente preferenciales, y había sido ayudado irrestrictamente para absorber otras entidades en desgracia”.

Los vínculos comerciales entre miembros de la colectividad judía y personas indicadas como potenciales perpetradores del atentado no se terminaban allí. Jose Hermac, directivo de la DAIA durante la gestión de Beraja, entre 1991 y 1994, alquiló un departamento a un funcionario iraní sospechado de haber integrado la trama responsable de los atentados: Seyed Jamal Youssefi.

“Youssefi figuró al menos en dos pedidos de captura y fue identificado como comandante de la primera división de los Pasdarán y miembro de la fuerza Quoda, abocada a los rubros de inteligencia y operativo”, explicó Lutzky y amplió: “Otro importante agente de la misma procedencia era acomodado, también en 1991, en otro departamento céntrico de Buenos Aires cercano al de Hermac. En este caso quienes se hicieron cargo del alquiler con cláusula diplomática pertenecían a la firma J. E. Turner & Co., la misma que se ocupó del envío del contrabando de armas a Croacia y, luego, a los musulmanes bosnios, ayudados por Irán. El inquilino de Hermac figuraba en el Ministerio de Relaciones Exteriores como representante de Government Trading Company en la Argentina, (…) una empresa pantalla de los iraníes para operativos clandestinos.”

Los vínculos entre el menemismo, empresarios poderosos y la dirigencia judía no se quedaban allí y hay dos ejemplos paradigmáticos: por un lado, la abogada designada por la DAIA como querellante fue Marta Nercellas, una férrea defensora de Beraja y Galeano que patrocinó a empresas de Yabrán; por el otro, Hermac fue asesor del Grupo Meller, que se benefició con las privatizaciones del modelo menemista y que supo estar muy cerca de María Julia Alsogaray.

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El Memorándum de Entendimiento
El sistema judicial argentino impide el juzgamiento en ausencia e Irán no extradita a sus ciudadanos para ser juzgados en el extranjero. Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, el Ejecutivo llevó la causa a foros internacionales e impulsó la desclasificación de toda la documentación vinculada al atentado. También levantó el secreto para agentes de inteligencia solicitados por la Justicia, lo que le valió las críticas de la dirigencia judía vinculada a Beraja.

El desprocesamiento de los documentos secretos permitió conocer datos explícitos sobre la cadena de encubrimiento. Por ejemplo, en un cable dirigido al Canciller menemista Guido Di Tella, el entonces Primer Ministro israelí, Yitzhak Rabin, le pedía que funcionarios hebreos pudieran entrevistarse con Menem y acordar un mismo relato sobre el atentado. Horas después se presentó un delegado israelí en la casa de gobierno y habló con Menem, a quien dio la versión de que los principales sospechosos eran iraníes. La probable razón para tal actitud era que en ese momento Israel y Siria estaban muy avanzados en un acuerdo de paz y la conmoción de los atentados hacía peligrar las tratativas.

El 27 de enero de 2013 Argentina e Irán suscribieron un Memorándum de Entendimiento que permitía al fiscal Nisman y al juez Canicoba Corral, quien reemplazó a Galeano tras su destitución, interrogar a los sospechosos en Teherán ante una comisión consensuada por ambas naciones. Sus resoluciones no serían vinculantes para la Justicia argentina.

Cristina envió el Memorándum al Congreso, explicando que sólo entraría en vigencia después de ser avalado por los legisladores. El canciller Héctor Timerman visitó el Congreso para dar respuesta a las preguntas de los legisladores. Los cuestionamientos fueron rebatidos uno a uno por el Canciller en un clima de tensión, ya que la oposición acusó al gobierno de buscar un acuerdo espurio y denunció que el tratado ponía en cuestión las conclusiones a las que la Justicia argentina ya había arribado. Timerman fundamentó que “por primera vez, hay un compromiso escrito de Irán que colocará a los imputados frente al juez de la causa” y el tratado se aprobó con mayoría en ambas Cámaras.

La DAIA, la AMIA y familiares de víctimas se reunieron con el Canciller para evacuar dudas y finalmente apoyaron la iniciativa. Pero, sorpresivamente, 48 horas después cambiaron de posición y emitieron un duro comunicado cuestionando el Memorándum y advirtiendo que interpondrían un recurso de amparo porque, aducían, era inconstitucional. Es imposible saber qué cambió la opinión de las entidades, aunque no es difícil de imaginar, ya que Israel se opuso férreamente.

Canicoba Corral desestimó la presentación de inconstitucionalidad del Memorándum, pero la Cámara Federal dio lugar al recurso que impide la entrada en vigencia del acuerdo. Si bien el Memorándum no fue enviado al parlamento iraní, su presidente informó al Estado argentino que el texto estaba aprobado por Irán. Si bien en los medios se ha dicho que Irán tenía la obligación de avalar el acuerdo en el Parlamento, el artículo 6° del Memorándum versa: “Este acuerdo será remitido a los órganos relevantes de cada país, ya sean el Congreso, el Parlamento u otros cuerpos, para su ratificación o aprobación de conformidad con sus leyes. Este acuerdo entrará en vigencia después del intercambio de la última nota verbal informando que los requisitos internos para su aprobación o ratificación han sido cumplimentados”. Así las cosas, la responsabilidad de la no entrada en vigencia quedó del lado local.

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Nisman y los EE.UU
La injerencia de los Estados Unidos en la causa no era una novedad cuando en 1997 Nisman fue incluido como fiscal. La llegada de Nisman a la causa, según Luis D’Elía, se debe a que “Alberto Fernández quería usar el tema AMIA para entregárselo a Bush, como excusa para atacar Irán. Por eso trabajó en la creación de la Unidad Fiscal AMIA. Al mismo tiempo que nombró a Nisman, colocó a Arroyo Salgado al frente del Juzgado Federal Nº1 de San Isidro. De Wikileaks surge claramente que Estados Unidos le impuso a Nisman la hipótesis que apunta a Irán”. El fiscal y representantes norteamericanos tejieron una calurosa relación. Cuando Néstor Kirchner dispuso la creación de la fiscalía que se encargó exclusivamente de investigar el caso, el poder de Nisman se transformó en absoluto.

Como señala información de Wikileaks, Nisman era un asiduo visitante de la Embajada estadounidense, donde recibía órdenes, pedía permisos y anticipaba sus pasos. Así es que diferentes cables dan cuenta del pedido de disculpas del fiscal por no haber avisado que iba a pedir el procesamiento de Menem y de las recomendaciones de los embajadores para que las investigaciones se guíen hacia la pista iraní y no dedique tiempo a investigar el encubrimiento.

El 2015 y la causa AMIA
El año empezó agitado. La denuncia que Nisman presentó sorpresivamente en los medios de comunicación sostenía que Cristina Fernández y el canciller Timerman, junto con otros dirigentes del FPV, habían acordado el Memorándum para garantizar la impunidad iraní a cambio de negocios vinculados a la venta de granos y la compra de petróleo. Según Nisman, el gobierno habría negociado la baja de las alertas rojas que rigen sobre los imputados iraníes, lo que fue desmentido por el titular de Interpol.

No hizo falta demasiado para que la denuncia de Nisman se derrumbara. Más allá de la trágica muerte del Fiscal, que está siendo investigada, la denuncia que éste presentó fue desestimada dos veces por falta de pruebas. Estaba fundada únicamente en escuchas a militantes y de ellas no se desprende la comisión de ningún delito. En cuanto al origen de estas escuchas, Luis D’Elía señala que: “Si bien las escuchas fueron autorizadas por el Juez Canicoba Corral, también hay un comunicado de la Secretaría de Inteligencia, del Dr. Parrilli, que dice que los dos agentes que las habrían hecho no son agentes de la SIDE. Entonces, si no son agentes de la SIDE, ¿quién carajo las grabó? ¿Quién se las dio a la prensa? Nisman se las dio a Clarín”.

El gobierno no podría haber pedido la anulación de las alertas. Existen tres causas que podían hacer caer las alertas: que Interpol no las tomara por insuficiencias en el proceso, que el propio juez así lo solicitara o que una investigación fantasiosa y amañada lo echara todo a perder. Esta última circunstancia fue la que se dio en 2013 luego de que Nisman pidiera la captura internacional del ex embajador iraní en Argentina Hadi Soleimanpour. El diplomático fue detenido en el Reino Unido y las expectativas sobre su extradición duraron poco ya que fue dejado en libertad por falta de pruebas, por lo que cesó la orden de arresto preventivo que había solicitado Nisman. La acusación se sostenía en declaraciones de testigos, algunos de ellos sindicados como opositores al gobierno iraní. La imputación a Cristina tenía, según Luis D’Elía, el objetivo de destituirla, de dar un golpe blando en Argentina.

La muerte de Nisman fue utilizada por los medios para construir la imagen de un Fiscal incorruptible, con coraje para enfrentar al gobierno, un modelo a seguir por la sociedad. Al mes de su fallecimiento, una cuantiosa manifestación nutrida de dirigentes de la oposición pidió Justicia por la muerte de Nisman. Sin embargo, y como nos dijo Sergio Burstein, Nisman es un héroe con pies de barro. El héroe comenzó a desarmarse con el primer chaparrón. Muchos medios de comunicación no pudieron obviar los desmanejos de Nisman en la causa AMIA, su parcialidad al seguir sólo las pistas provistas por la CIA, el MOSSAD y la SIDE (a través del espía Antonio “Jaime” Stiuso), y el hecho de que la mayoría de los familiares de las víctimas no lo respetan por su labor. La imagen del héroe Nisman fue dando lugar a otra figura: la de un Fiscal incompetente que dilapidaba los fondos públicos de la fiscalía en el Caribe y en la noche e, incluso, exhortaba a su extraño empleado Lagomarsino a cederle la mitad de su salario.

A más de dos décadas del atentado sigue reinando la impunidad. Sin sospechosos firmes, las miles de fojas que conforman el expediente duermen en una fiscalía especial que desde su creación no logra encontrar una explicación y fue muy permeable a presiones políticas internas y externas. El juicio oral y público por encubrimiento comenzará en la segunda mitad de 2015, con el objeto de conocer quiénes desviaron las investigaciones y qué ocultaban. Mientras tanto, decenas de familiares esperan que algún día los cuerpos de sus seres queridos descansen en paz, con la satisfacción de la justicia.

Investigación y redacción: Facundo Benedetto, Julián Saud, Santiago Mouradian, Manuel Izraelson y Nicolás Capusotto

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