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Escribe Oli

Profundización de los juicios por crímenes del terrorismo de Estado

Responsables ideológicos y económicos del genocidio

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No pocas son las voces que a ya casi treinta y cinco años del golpe señalan que sólo algunos de los que formaron parte del genocidio están hoy respondiendo ante el Poder Judicial. Así, crece el reclamo por una decisión política que además de medidas de unificación y aceleración de los procesos, se plantea la necesidad de que sean incorporados a éstos no solo quienes aplicaron materialmente el plan sistemático sino también a quienes desde el poder económico, mediático y cultural gestaron y desarrollaron  la instalación del discurso “anticomunista” y “antisubversivo” que hizo al sostén del genocidio beneficiándose principalmente en términos económicos de la dictadura. Las denuncias por Papel Prensa, Acindar y los Bancos que financiaron el “Proceso” marcan un camino a seguir.

Sin lugar a dudas, desde la inmensa conquista popular que significó la anulación de las leyes de impunidad en 2003, las acciones judiciales iniciadas por los crímenes del Terrorismo de Estado perpetrados en la Argentina se han convertido de hecho en el “nuevo campo de batalla” en que se enfrenta al poder que gestó desde lo discursivo, lo ideológico y lo material, el genocidio.

El concepto de “campo de batalla” aún cuando a algunos o a algunas les resulte fuerte o pesado, no resulta ocioso. Y no es en definitiva más que una extensión de aquel expresado por la Liga en tiempos de vigencia del “Camarón” -nombre con el que se conoció al temible y anticonstitucional fuero especial “antisubversivo” construido por la dictadura de la autodenominada “Revolución Argentina” en su fase comandada por el general Lanusse; que establecía “De cada tribunal, una trinchera de combate”.

Exigía entonces la LADH: “Cada proceso, una trinchera” explicitándose, “Cada proceso debe transformarse en una trinchera de lucha para imponer el derecho y la justicia, en una palabra, la verdadera democracia. , movilizar la mayor cantidad de ciudadanos a hacer acto de presencia en cada audiencia” .

Es que efectivamente, los juicios significan la reapertura y profundización de un debate que instalado en la sociedad, se muestra como un espacio para disputar conceptos, usos de la historia, valores en juego. Así, con esa idea de espacio “en disputa”,  permiten no solo “sentar en el banquillo” a los responsables del genocidio que instauraron el régimen del terror en el marco de la “Doctrina de Seguridad Nacional” para establecer un disciplinamiento de los sectores de la lucha y la resistencia con el único objetivo de afectar los derechos de los trabajadores y los sectores populares en pos de una maximización de las ganancias empresariales cortando toda posibilidad de alternativa o cambio profundo en la sociedad de entonces; sino además discutir desde el campo popular el modo de reparación, las exigencias actuales en torno a los daños producidos por la derrota que significó la contrarrevolución neoliberal que el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” vino a instalar no solo a nivel local sino como un más amplio proceso de neo colonización regional impulsado, financiado y monitoreado por los Estados Unidos y el gran capital trasnacional.

En ese marco, casos y pasos recientes y firmes como la decisión del gobierno de enjuiciar a los responsables de la venta fraudulenta de la empresa Papel Prensa gestada desde el corazón del plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz que permitió la consolidación de la concentración mediática por ante los tribunales federales de La Plata; al igual que la denuncia contra la banca extranjera y la querella realizada en diciembre pasado contra el directorio de la empresa siderúrgica ACINDAR empezando por su entonces presidente José Alfredo Martínez de Hoz, la entonces presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón y la totalidad de su gabinete por el operativo represivo conocido como “Serpiente Roja del Paraná” que en marzo de 1975 fijó las pautas del terrorismo estatal que vendría; marcan un camino para dar a los juicios y a la acción política alrededor de éstos su justa dimensión y el valor de combate por el sentido histórico. En este último marco, es de destacar el valor de la unidad logrado para afrontar la querella que muestra como denunciantes al movimiento de derechos humanos a través de la Liga, y los actuales dirigentes de la UOM y la CTA de Villa Constitución, víctimas directas del operativo represivo denunciado.

Volviendo entonces al eje de “Memoria, Verdad y Justicia” como objetivos del campo popular en torno a la acción jurídico - judicial contra la impunidad del bloque de poder beneficiado con la dictadura, la posibilidad se abre para recuperar incluso en marcos oficiales, el testimonio, la voz y los valores de quienes participaron de todo el proceso de lucha gremial y política en los años setenta.

Como ejemplo de esto último pueden mencionarse las sentencias dictadas por el Tribunal Oral Federal Nro. 1 de La Plata en las que se condenó por crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio acaecido en nuestro país” al ex jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA) Miguel Osvaldo Etchecolatz y al sacerdote católico y capellán militar en la misma provincia Cristian Von Wernich. El primero de los fallos citados, en uno de sus párrafos señala con claridad: “las alusiones que muchas veces se escuchan respecto de casos como los aquí juzgados en cuanto a la necesidad de “reconciliación”, de “mirar para adelante” y de la inutilidad de revolver el pasado”, son el punto opuesto a aquel derecho como “productor de verdad” al que aludía Foucault, único sobre el cual puede construirse válidamente la memoria, paso inicial indispensable para algún tipo de reparación y por sobre todo para prevenir nuevos exterminios”.

Es decir que podemos hoy recuperar no solo como se ha hecho históricamente la voz de quienes participaron activamente, sino de incorporarlo al espacio judicial incluso buscando que la receptividad de estos testimonios, de estos datos, de estos documentos que fueron más de una vez guardados por los sobrevivientes de la persecución, la prisión, los tormentos puedan generar - como ya ha pasado en otras causas, por caso el Juicio por el secuestro de Iris y Floreal Avellaneda y el asesinato de éste último- nuevos modos de producción y análisis de la prueba que rompan -aunque más no sea parcialmente- el esquema de clase del derecho vigente.

Como bien señala el Secretario de Justicia Eduardo Luis Duhalde “Será el testigo - víctima, parte esencial de un combate por la verdad y la justicia que se libra en los estrados, en el que no se discute el pasado sino el presente, porque  la presencia de los represores como seres vivos y portadores del discurso de la muerte, da contemporaneidad al debate y lo que está en juego es la legitimidad o ilegalidad de su obrar y de su repetición en función de un futuro colectivo”.

Es a su vez en el sentido de construcción de la Verdad histórica el rol de estas denuncias, de estos juicios superar la visión histórica de las empresas, el gran capital e incluso personajes y personalidades de la Iglesia, los medios y civiles todos los poderes del Estado como “cómplices”del golpe de Estado y la dictadura para mostrarlos como engranajes esenciales en la cultura política y social que participó como un bloque integral en la construcción del Estado Terrorista y sus consecuencias económicas, sociales y políticas, la mayoría de las cuales siguen vigentes en nuestro país.

Ha de pensarse en ese sentido que fue precisamente a partir de una reunión de la entonces presidenta Martínez de Perón y su gabinete con Martínez de Hoz se decidió aplicar a la lucha de los obreros de la UOM de Villa Constitución el “remedio” de la ley 20.840 o ley “Antisubversiva” en el marco del conflicto laboral para dar rienda suelta y cobertura “legal” a la represión de la que participarían la empresa y sus directivos marcando dirigentes y activistas -además de prestar sus instalaciones para secuestros, torturas y asesinatos- ; la burocracia sindical negando apoyo; los parapoliciales de la Triple A; las policías provincial y Federal y todas las demás fuerzas armadas y de seguridad.

Incluso en el plano discursivo y propagandístico, el gobierno nacional de entonces recurriría a los mismos argumentos “antisubversivos” y anticomunistas que perfilaron el discurso sostenedor de la práctica genocida de la dictadura de 1976-1983 como acto justificatorio de la represión al movimiento obrero y el pueblo.

Así, invocando un supuesto ‘complot de características inusuales en la Argentina’ según el comunicado oficial lanzado tras el operativo represivo y publicado en el Boletín Oficial del 22 de marzo de 1975, afirmó que: ‘La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable minoría nacional’. Tal práctica discursiva justificatoria de la represión tuvo pronto eco en varios medios de comunicación masiva cómplices del plan lanzado por el Poder. El diario “La Opinión” del 21 de marzo por ejemplo, tituló: ‘Denuncian que fue desbaratado un complot destinado a paralizar la industria pesada’.

Por ello, es más que válido pensar las conductas de la empresa como crímenes de lesa humanidad parte del genocidio -y por ende inmprescriptibles-  y penalmente responsable de la violación de normativa internacional vigente en la tales como  la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana  en la Ciudad de Bogotá, Colombia en 1948-, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea  General de las Naciones Unidas  en su Resolución 217 A III del 10 de diciembre de 1948 y la Convención  para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio receptada en nuestro orden interno mediante la sanción del Decreto 6268 de 1956 o lo dispuesto en los arts. 151 -Allanamiento ilegal de morada-, 144 bis -Privación ilegal de la libertad-, 144 ter. -Tormentos-, 80 -Homicidio calificado- y concordantes del Código Penal de la Nación  y el art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

En el caso de José Alfredo Martínez de Hoz, su vinculación con el poder económico que estuvo detrás del golpe genocida del 24 de marzo queda clara al ver qué intereses representaba y siguió defendiendo e instalando desde su gestión en el Palacio de Hacienda. El abogado fungió hasta dicho momento como miembro de los directorios de “The Western Telegraph Co. Ltd”, de “Pan American Airways”, de “Motor Columbus”, de la “Compañía Italo Argentina de Electricidad” y presidente de los directorios de “Petrosur” y de “Acindar”. Se desempeñaba además como presidente del “Consejo Empresario Argentino” que reunía a las mayores empresas privadas del país y funcionó como un verdadero think tank del golpe de Estado; de algún modo se puede decir, -ellos mismos lo dijeron-, que los empresarios del Consejo Empresario Argentino buscaron quienes podían aplicar su plan económico y no que los militares buscaran en Martínez de Hoz, el directorio de Acindar y el Consejo Empresario Argentino asesoramiento económico.

La situación adquiere mayor claridad si se tiene en cuenta que tras la designación de Martínez de Hoz como Ministro de Economía de la dictadura genocida, su reemplazante al frente de ACINDAR fue el general Alcides López Aufranc, encargado de la represión militar al pueblo en el denominado “Cordobazo” -rebelión popular acaecida en la ciudad de Córdoba, en mayo de 1969- y de sólidos vínculos con el gobierno de facto militar tras el golpe de Marzo de 1976.

En 1976, en un cóctel con otros empresarios,  López Aufranc se jactó de que veintitrés delegados de base de Villa Constitución “ya no darían problemas”, porque estaban “bajo tierra” Siniestra analogía que “encastra”, se complementa, con aquél “milagros no hay” pronunciado por un directivo de la Mercedes Benz en uno de los juicios en el exterior para responder a la pregunta formulada en cuanto a que si podría la empresa mantener sus tasas de ganancia de no haberse secuestrado y asesinado a la integridad de los miembros de la comisión interna de la empresa e instaurado a nivel nacional un régimen antiobrero y antipopular con cercenamiento de las conquistas sociales.

Lo manifestado deja en claro los intereses de ACINDAR como representante del capital industrial -de su vínculo eterno con el Estado del que se sirvió a través de gobiernos electos y de facto para construir legislación y regulaciones “a piacere” en las distintas fases del capitalismo- e impulsar junto con otras grandes empresas el modelo y el discurso neoliberal, la desregulación en desmedro de los trabajadores, el libre mercado y las garantías empresarias a través de conglomerados ideológicos como el Consejo Empresario Argentino -que hoy intenta volver a la carga con la forma de la AEA (Asociación de Empresarios Argentinos)- en la construcción del genocidio.

Se destacan como derivados del operativo represivo denunciado en el escrito presentado en diciembre por la Liga, Alberto Piccinini, Juan Actis y Carlos Sosa,  -operativo claramente tendiente a desarticular la lucha obrera en el cordón industrial de la ribera del Paraná- : a) La existencia de Centros Clandestinos de Detención que funcionaran en las dependencias de la empresa ACINDAR S.A.; b) La posterior estatización de la deuda privada contraída por la empresa durante la dictadura con los consiguientes beneficios en cabeza de sus propietarios y accionistas y en desmedro de la mayoría del pueblo argentino; c) La modificación en la estructura laboral que significó la pérdida de conquistas sociales históricas del movimiento obrero en la Argentina con el único objetivo de maximizar las ganancias empresarias.

No podría haber logrado la empresa esos beneficios ya mencionados  de no haberse llevado a cabo el operativo delictivo y la perpetración de los crímenes de lesa humanidad que constituyen parte del genocidio perpetrado por el bloque social del poder integrado por los dueños de la tierra y los grandes negocios en su conexión con las multinacionales y los Estados Unidos como potencia mundial hegemónica.

Por eso es que es necesario calificar estos delitos como Genocidio - con indicación de su dolo específico, ya que el ataque “discriminado” contra activistas y adversarios implicó el ataque a personas con el fin de vulnerar “sus colectividades de pertenencia”, que luchaban por un país distinto al pergeñado por el Proceso de Reorganización Nacional- y luchar en los tribunales pero también en cada espacio comunicacional, político, académico, cultural y de calle como tal. Romper el concepto pretendidamente jurídico que afirma que “no se puede indagar y por lo tanto condenar por el delito de Genocidio puesto que este delito no tiene recepción en el Código Penal Argentino”.

Primero porque  tampoco lo están los “delitos de lesa humanidad” por los que se suele condenar a militares y civiles que participaron de la dictadura; segundo porque igual de cierto es que la lucha política y la voluntad en torno a ésta es la que hará a la consolidación del concepto. Prueba de esto es que los principales institutos del derecho constitucional que hoy se aplican, son producto o derivado más de las luchas y reclamos, que de la recepción legislativa. Por caso, el amparo.

Por eso es que como se señala al principio, esto dependerá de asumir en todas las trincheras de combate, la batalla de los juicios llevando a cabo aquel reclamo del histórico presidente de la LADH Antonio Sofía, quien pedía que a éstos, se les echara pueblo encima. O sea, haciendo del tópico parte esencial de la batalla de ideas superando los límites de la “normalidad procesal” y llenando de contenido popular estos espacios.

Publicado el 19 Marzo dAmerica/Buenos_Aires 2011
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